Tegucigalpa.- En el 2022, Honduras se convirtió en el segundo país más violento de América Latina, sólo por debajo de Venezuela, de acuerdo a los datos oficiales de cada uno de los países, de acuerdo a una información que divulgó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) este viernes.
Los impactos de la violencia incluyen homicidios, femicidios, desapariciones forzadas, restricciones a la movilidad y libertad, el uso, utilización y reclutamiento forzado de menores por las pandillas, Violencia Basada en Género (VBG), extorsiones, desalojos, despojos y el desplazamiento forzado, según la información.
La tasa de femicidios del 2022, en Honduras, fue de 6.1 por cada 100.000 habitantes, es decir que cada 29 horas con 18 minutos murió una mujer de manera homicida en el país y siendo el grupo etario, entre 30 y 59 años, las más afectadas.
Un estudio reciente, del Banco Mundial, reveló que Honduras tiene una tasa de 4.7 por cada 100 mil mujeres, que lo ubica como el país con la más alta tasa de femicidios en Latinoamérica.
Hasta el 30 de mayo de 2023, el Centro de Derechos de las Mujeres (CDM) registró 146 muertes violentas de mujeres, un promedio de 29 por mes.
Desaparición de mujeres
Se considera que el fenómeno de la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas es multicausal, multidimensional y se vincula a la violencia de género, ya que se les expone a las víctimas en condiciones de violencia sexual, trata de personas, desplazamiento forzado por razones de violencia, explotación sexual, laboral, femicidio entre otras formas de violencia.
Aunque no existen datos oficiales sobre la desaparición de mujeres en el país, se estima que del 2008 al 2019, según una investigación periodística, el Ministerio Público reportó 3,037 mujeres como desaparecidas. No obstante, las organizaciones de mujeres y feministas manifiestan que hay un subregistro y que las estadísticas son mayores.
Actualmente Honduras no cuenta con un marco normativo que brinde pronta respuesta a las mujeres víctimas de desaparición y a sus familiares, tampoco existen procedimientos claros, expeditos, que garanticen la protección, resguardo y seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres, por lo que se considera necesario contar con leyes que establezcan mecanismos de búsqueda ante una desaparición.
