Tegucigalpa.- La Lista Engel , valioso recurso contra la corrupción, hoy yace prácticamente en el olvido de un gobierno que en el pasado la enarbolaba con orgullo.
Este viraje no es un mero cambio de opinión política, sino el síntoma de un sistema judicial profundamente permeado por el tráfico de influencias y el crimen organizado.
Cuando la corrupción se conquista en los tribunales, la impunidad se vuelve norma, minando la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico y el crimen en todas sus formas.
La precariedad institucional no se limita únicamente a los juzgados: su corrosión se ha extendido al proceso electoral , pilar esencial de toda democracia. Sin mecanismos de control eficaces que garantizan la transparencia y la neutralidad de las elecciones, estas se convierten en un caldo de cultivo para la manipulación de intereses oscuros.
En un escenario político autoritario, donde los controles institucionales son prácticamente nulos o responden a intereses partidarios, se refuerza un círculo vicioso: la falta de independencia judicial alimenta la ambición de poder y, a su vez, esa concentración de poder asfixia cualquier atisbo. de autonomía en la justicia.
Uno de los ejemplos más claros de esta decadencia es el Tratado de Extradición , que, siendo una de las pocas herramientas efectivas contra el narcotráfico, ve disminuida su fuerza cuando las propias estructuras judiciales están contaminadas por la narcocorrupción.
Esta degradación no representa únicamente un problema legal, sino una amenaza directa a la estabilidad y al futuro del país, que observa cómo sus instituciones se fracturan sin remedio. Enfrentar este desafío titánico exige más que reformas superficiales.
Se requiere voluntad política real , transparencia en la gestión pública y mecanismos capaces de blindar la independencia de los operadores de justicia, así como la integridad del sistema electoral. Sin cambios profundos, Honduras seguirá atrapada en el laberinto de corrupción e impunidad, poniendo en jaque la propia esencia de la democracia y perpetuando la desigualdad y el crimen organizado.
Este es, por tanto, un llamado ineludible a todos los actores políticos y sociales: solo una transformación genuina y comprometida que abarque tanto el ámbito judicial como el electoral podrá rescatar a Honduras de las garras de la corrupción.
Únicamente así el Estado honrará su deber de proteger a la ciudadanía y garantizar un futuro más justo, transparente y próspero para todos.
Por: Ruth M. Lafosse
