La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, pidió mantener un equilibrio entre las acciones contundentes de la Policía Nacional contra las estructuras criminales y el respeto a los derechos humanos, al considerar que la seguridad ciudadana debe garantizarse dentro del marco constitucional y legal.
Castellanos reconoció que las acciones contra la delincuencia son necesarias ante los problemas de extorsión, homicidios y control territorial que afectan a la población. Sin embargo, advirtió que la cantidad de capturas no debe ser el único indicador para medir la efectividad de las políticas de seguridad.
Asimismo, señaló que las detenciones deben estar respaldadas por investigaciones sólidas, pruebas suficientes y procedimientos que garanticen el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
La titular del CNA enfatizó que combatir la criminalidad y respetar los derechos fundamentales no son objetivos contradictorios, sino responsabilidades que deben avanzar de manera conjunta para fortalecer la legitimidad de las instituciones.
Finalmente, sostuvo que Honduras necesita una política de seguridad capaz de enfrentar con determinación a las organizaciones delictivas, pero sin dar espacio a actuaciones arbitrarias o abusos de autoridad.
