Tegucigalpa.- En un contundente pronunciamiento, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que en el actual Gobierno «han cambiado la Ley de Secretos por la Ley del Silencio».
Según Castellanos, esta nueva política gubernamental no solo perpetúa la opacidad, sino que también impide el acceso a la información pública necesaria para fiscalizar a los servidores del Estado.
Castellanos expresó que, desde la administración central, continúan los ataques y la presión sobre el CNA, evidenciado por el nulo presupuesto asignado a la institución.
«Han cambiado la Ley de Secretos por la Ley del Silencio porque no estamos encontrando la información que la ciudadanía requiere para contarle las costillas a los servidores públicos. Al final somos nosotros los que votamos por los actuales funcionarios y lo que tenemos en este momento es una total opacidad, pero más allá un silencio que realmente estorba», declaró Castellanos.
En su discurso, Castellanos destacó la responsabilidad del CNA de transparentar las acciones del gobierno, señalando que han evaluado 14 instituciones del Estado con distintas calificaciones. Subrayó que la lucha contra la corrupción se lleva a cabo mediante la presentación de informes sobre el índice de transparencia, aunque lamentó que este esfuerzo no sea suficiente sin el respaldo y los recursos necesarios.
«El combate a la corrupción es simplemente un discurso y este tema ha pasado de gobierno en gobierno», afirmó. «Se escucha bien decir que se va a combatir la corrupción, pero como lo hemos dicho, hablar de transparencia no nos hace ser más transparentes, necesitamos acciones contundentes en la lucha frontal contra la corrupción».
Además, Castellanos hizo un llamado urgente para la implementación de una política pública inclusiva que no solo abarque a las instituciones gubernamentales, sino a todos los sectores de la sociedad civil.
Denunció que desde el último trimestre del año anterior, el Consejo Nacional Anticorrupción no recibe desembolsos por parte de la Secretaría de Transparencia. Indicó que inicialmente recibían alrededor de 24 millones de lempiras al año, cifra que se redujo a 18 millones y actualmente no reciben ningún presupuesto.
Castellanos subrayó que los ataques al CNA no son nuevos y que cualquier persona que discrepe con los resultados del Gobierno enfrenta una situación similar. «Si vamos a hablar de la lucha contra la corrupción, creo que el CNA debería ser fortalecido más que cualquier otra institución», concluyó.
Esta situación plantea serias interrogantes sobre el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción y la transparencia, y pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer a instituciones como el CNA que trabajan en pro de la rendición de cuentas y la justicia.
