Funcionarios de Bukele encabezan la carrera por dominar el Congreso salvadoreño

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El desencuentro entre Bukele y la Asamblea Legislativa se profundizó más con la llegada de la pandemia de la COVID-19 al punto de que el país no cuenta actualmente con una ley que permita establecer medidas como el confinamiento obligatorio. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador– Un grupo de funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele encabezan la carrera del partido Nuevas Ideas (NI) para hacerse con el control de la Asamblea Legislativa, actualmente de mayoría opositora, en las elecciones del 2021 y tras más de un año de constantes enfrentamientos entre estos órganos.

Nuevas Ideas, surgida de un movimiento impulsado por Bukele, fue la primera alternativa del mandatario para competir en las elecciones de 2019, pero su retraso en la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros problemas lo llevaron a usar como vehículo para llegar al poder a la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha).

Esta formación, cuya tendencia política no está clara, aunque se codea con la derecha salvadoreña, realizó el fin de semana sus elecciones primarias para elegir a sus 84 candidatos a la Asamblea Legislativa.

Entre los funcionarios que obtuvieron una candidatura destacan el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, y el Comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez.

También competirán por un puesto en el Parlamento la ministra de Cultura, Suecy Callejas; Marcela Pineda, directora del Instituto Nacional de la Juventud, y Michelle Castro.

Según el sitio de transparencia del Gobierno, esta última se desempeña como directora suplente en el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), pero una publicación de un medio local la coloca como jefa del despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Tinoco.

¿UNA ESTRATEGIA DE BUKELE?

El director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo a Efe que «esto (elección de funcionarios) se podría ver como una estrategia del presidente y del partido Nuevas Ideas de llevar funcionarios que han pasado un año en exposición pública y que son de los más fieles al presidente para que ellos se conviertan en diputados y pueden, incluso, tomar la presidencia de la Asamblea Legislativa».

Apuntó que al resto de candidatos son conocidos por miembros de otros partidos en los que militaron o por las bases de Nuevas Ideas, pero «el gran electorado no los conoce».

El director de Acción Ciudadana también señaló que los funcionarios no pueden hacer uso de fondos públicos y de su posición para promover su candidatura.

Para Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fesfad), los funcionarios que participaron en este proceso «están en su pleno derecho de su sufragio activo y pasivo, ejercicio al derecho de ser elegidos» y están en el marco del ejercicio de sus derechos civiles y políticos actuando en el marco de la ley».

Sin embargo, el jurista señaló a Efe que al ser oficializados como candidatos estas personas «deben de dejar sus cargos (públicos) a efectos de evitar un conflicto de intereses».

«En Fesfad somos de la opinión que estos funcionarios públicos al pasar como candidatos deberían de dejar su cargo (…) lo ideal sería que estos candidatos (que son funcionarios) deberían de dejar su cargo a los efectos de evitar un conflicto de intereses», indicó.

Se espera que Nuevas Ideas obtenga mayoría en el órgano legislativo como consecuencia del terremoto político que generó Bukele al ganar la presidencia en 2019 y poner fin a un bipartidismo de tres décadas.

El dominio de los partidos tradicionales, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), en el Parlamento ha traído grandes y serias confrontaciones entre órganos de Estados desde que el mandatario asumió el Gobierno, en junio de 2019.

El oficialista GANA posee únicamente 10 diputados, lejos de los 43 necesarios para tomar decisiones con mayoría simple y de los 56 que abren la puerta a modificar la Constitución.

La falta de poder político de Bukele sobre el Congreso, pese a su amplia popularidad entre la población, comenzó a pasarle factura a principios de 2020 con la falta de apoyo para la aprobación de 109 millones de dólares para un plan de seguridad.

Esto derivó en la entrada del mandatario al Congreso acompañado de soldados y policías armados con fusiles de asalto en febrero pasado y amenazas de «insurrección» por parte de sus seguidores.

Esta acción, que Bukele finalmente admitió que fue una manera de presionar a los diputados, encendió las alarmas internacionales y fue catalogada por los diputados opositores como un «intento de golpe de Estado».

La relación entre Bukele y la Asamblea Legislativa se deterioró más con la llegada de la pandemia de la COVID-19 al punto de que el país no cuenta actualmente con una ley que permita establecer medidas como el confinamiento obligatorio.

El mandatario, que entró a la política de la mano del FMLN, partido que lo expulsó en 2017, acusa a los diputados y a la Corte Suprema de quitarle las herramientas para enfrentar la pandemia.

De acuerdo con la última encuesta del periódico La Prensa Gráfica, para las elecciones legislativas del 2021 el 39,7% de los salvadoreños votaría por Nuevas Ideas.