Fiscalía pide reprogramar la audiencia para el capitán Santos Orellana

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Tegucigalpa.– La Fiscalía solicitó reprogramar para nueva fecha la audiencia para el exaspirante presidencial Santos Rodríguez Orellana, su esposa y suegra, confirmó el Poder Judicial.

Las tres personas están imputadas por el presunto delito de lavado de activos.

La audiencia de presentación de pruebas estaba prevista para este día, sin embargo, la misma será reprogramada a solicitud del Ministerio Público.

De acuerdo a las investigaciones fiscales, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el exoficial realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “Zipe”.

Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Así mismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra, según lo informado por el MP.

Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del exoficial de las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.

Lo anterior, -según el MP- evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.