El Fiscal General, Johel Zelaya anunció este miércoles el inicio de una investigación formal tras recibir una serie de grabaciones presentadas por el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, que presuntamente revelan una asociación ilícita entre una consejera del CNE, un diputado del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas.
Según el fiscal general, las grabaciones podrían evidenciar intentos coordinados de alterar la voluntad popular en las próximas elecciones generales del 30 de noviembre, con el objetivo de imponer un resultado en el nivel presidencial. El titular del ente acusador del Estado advirtió que el CNE es una institución de seguridad nacional y que cualquier intento de manipular o interferir en sus funciones constituye un delito grave de traición a la patria, considerado imprescriptible por la legislación hondureña.
En un comunicado oficial, el Ministerio Público informó que ha instruido a varias unidades especializadas para realizar una investigación técnica y exhaustiva, entre ellas la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, la Fiscalía de Delitos Electorales y la Dirección Policial de Investigación (DPI).
El proceso incluirá la verificación y aseguramiento de la cadena de custodia de los audios, análisis pericial de los archivos electrónicos, documentación de los hallazgos y citación de las personas que pudieran estar involucradas en los hechos denunciados.
El fiscal general recordó que la suplantación o manipulación de la voluntad popular está tipificada en el Código Penal como un delito grave, sancionado con penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de condena.
El caso ha generado gran expectativa en el ámbito político y jurídico, dado que involucra a funcionarios de instituciones clave para el desarrollo del proceso electoral. Las autoridades del Ministerio Público afirmaron que la investigación se realizará bajo estrictos principios de legalidad, independencia y respeto al debido proceso, para garantizar la transparencia y la confianza ciudadana en el sistema democrático hondureño.
