Tegucigalpa.- La exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón, aseguró que la situación política que enfrenta actualmente el país es consecuencia directa de una “gestión inadecuada” por parte del Congreso Nacional en los últimos años.
Calderón señaló que, durante el período en el que Luis Redondo tuvo un rol protagónico, se derogaron y promovieron leyes que —según afirmó— terminaron favoreciendo la impunidad.
Calderón señaló que esta es una “elección dura para muchos” congresistas que, sin distinción de partido, “descuidaron sus obligaciones como legisladores” y contribuyeron tanto a la expulsión de la MACCIH como al bloqueo de condiciones para el establecimiento de una nueva misión anticorrupción en Honduras.
“Creo que están ahora viviendo el resultado de esa gestión inadecuada cuando ejercieron la labor de congresistas”, expresó.
“El mismo presidente del Congreso actual tuvo un papel que todos pudieron ver, incluso en la derogación o promulgación de leyes que favorecían la impunidad”, añadió.
La jurista recordó que las acciones legislativas emprendidas desde 2017 hasta la salida de la MACCIH en 2020 afectaron directamente el combate a la corrupción de alto nivel, y apuntó a que los diputados que continúan en funciones mantienen responsabilidades por lo ocurrido.
Sobre el desempeño del fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, Calderón expresó preocupación por decisiones que —a su juicio— han deteriorado la capacidad investigativa del Ministerio Público frente a casos de gran corrupción.
“Se desactivaron las UFERCO, se empezaron a mover a los fiscales que dejó la Misión y se desaprovechó esa especialidad y preparación”, advirtió.
Recordó que, durante su periodo en MACCIH, lograron judicializar 14 megacasos, y dejaron “un número importante” de expedientes contra altos funcionarios que no pudieron continuar su curso debido al debilitamiento de la unidad especializada dirigida por el fiscal Luis Javier Santos.
“Solamente han sido dos o tres casos en cuatro años… Eso evidencia que todavía sigue la debilidad institucional”, sostuvo.
Aunque evitó afirmar directamente que el Ministerio Público haya sido politizado, sí llamó a una reflexión profunda del titular de la institución:
“Espero solamente que quien dirige el Ministerio Público realmente medite sobre cuál es su rol como fiscal general y fortalezca la institución.”
Incluso reveló que Luis Javier Santos ha considerado solicitar su rotación, ya que “simplemente no podía cumplir su deber” ante la reducción de capacidades de UFERCO.
