Tegucigalpa.- Otra polémica sacude a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esta vez, un extrabajador del programa Red Solidaria ha revelado en redes sociales una serie de presuntas irregularidades que involucran corrupción, uso político y amenazas dentro del proyecto del Censo Urbano, financiado supuestamente con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Óscar Alejandro Zelaya Lara, quien se desempeñaba como supervisor de zona, presentó una denuncia formal ante la Inspección Regional del Trabajo en San Pedro Sula. Según su testimonio, fue contratado, capacitado y hasta se le asignaron códigos SIAFI para realizar labores de supervisión. Sin embargo, nunca se le permitió iniciar el trabajo de campo y, pese a haber firmado contrato, no recibió el pago correspondiente a su salario, que supera los 52 mil lempiras.
Zelaya afirma que ingresó al proyecto en noviembre de 2024, recomendado por el diputado Netzer Mejía, del movimiento M28 del Partido Libertad y Refundación (Libre). Tras asistir a capacitaciones, firmar documentos oficiales y recibir un equipo de trabajo, fue excluido del proyecto sin explicación alguna.
En su denuncia, señala a figuras clave como el abogado Héctor Alvarado, en San Pedro Sula, y el coordinador Tulio Miguel Rivera, en Tegucigalpa, como operadores que, presuntamente, utilizaron el proyecto con fines político-electorales.
Entre las prácticas irregulares denunciadas por Zelaya destacan: la firma forzada de recibos en blanco, la exclusión de compañeras capacitadas por motivos políticos y la contratación selectiva de personas afines al movimiento M28, incluyendo a Nineth Ramírez y Jacky Morán.
Como parte de las pruebas, Zelaya presentó una constancia oficial firmada por el Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP/PRS), que lo acredita como empleado registrado del Estado. El documento certifica que fue contratado como supervisor de equipo para el censo urbano, con fondos del préstamo IDA 6401-HN otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). También fue habilitado como beneficiario oficial ante la Tesorería General de la República para recibir pagos del Estado.
Pese a todo ello, el Ministerio de Trabajo confirmó que no existen registros oficiales de su contrato, lo que para el denunciante constituye una maniobra fraudulenta para desaparecer su vínculo laboral.
También , Oscar Zelaya presentó un documento oficial emitido por la Tesorería General de la República, el cual lo acredita formalmente como beneficiario del Estado. En este registro se certifica que fue incluido como empleado del programa Red Solidaria, con autorización para recibir pagos oficiales, como salarios, honorarios o reembolsos, directamente desde el gobierno a su cuenta bancaria personal. Esta constancia representa un requisito esencial para cualquier persona que deba percibir fondos estatales, y refuerza su afirmación de haber sido contratado legalmente, a pesar de que ahora las autoridades laborales aseguran que no hay constancia alguna de su vínculo contractual.
El caso tomó un giro aún más grave cuando Zelaya relató haber recibido amenazas de muerte luego de exigir su pago y reclamar transparencia. “Mejor no haga olas si quiere conservar la vida”, fue la advertencia que asegura haber recibido de personas ligadas al movimiento oficialista.
Según el acta de denuncia firmada por la inspectora del trabajo, Amy Bethzua Sierra, y la apoderada legal del programa Red Solidaria, Ana Cristina Oseguera Mejía, el denunciante exige que se investigue la terminación de su contrato, se le entregue una copia del mismo y se le pague el salario adeudado.
Además de acudir al Ministerio de Trabajo, Oscar Zelaya interpuso una queja formal ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), alegando violación a sus derechos fundamentales, amenazas de muerte y persecución contra él, su madre y sus hijas menores de edad. El expediente fue registrado bajo el número 0501-2024-10-28-44 en la Oficina Regional del Norte (Cortés), con fecha 28 de octubre de 2024. La constancia fue emitida por la secretaria general del Conadeh, Thelma Leticia Neda Rodas.
Según la constancia oficial emitida por Tulio Miguel Rivera, coordinador de adquisiciones de UCP/PRS, Zelaya debía prestar servicios como supervisor de equipo del Censo Urbano entre el 13 de diciembre de 2024 y el 13 de febrero de 2025. Sin embargo, el propio abogado Alvarado habría afirmado que el proyecto “inicia hasta el 17 de marzo”, lo que ha despertado sospechas de malversación.
Zelaya asegura que de no resolverse el conflicto, el próximo paso será presentar una demanda civil por estafa y acudir al Ministerio Público. A su criterio, los delitos cometidos incluyen abuso de autoridad, fraude, estafa y mal manejo de fondos públicos, además de incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado.
El caso ha generado reacciones en redes sociales bajo el hashtag #ClavosEnSedesol y pone nuevamente en entredicho la gestión de programas sociales en plena antesala electoral. Cortesía de Noticias 24/7
