Tegucigalpa, 5 dic (EFE).- Pese a que siete de los ocho acusados por el asesinato en marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres han sido condenados, el Estado de Honduras «sigue en deuda» en este caso, dijo este jueves la Misión de Observación que ha dado seguimiento al juicio por el crimen de la líder indígena.
«Reconocemos que esta sentencia es un paso necesario para avanzar hacia la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales del crimen», indicaron las organizaciones que integran la Misión de Observación.
Sin embargo, la Misión ve «con preocupación» que el Estado de Honduras «no ha avanzado en la acusación de todas las personas responsables de planificar, financiar y ejecutar el asesinato pese a existir prueba que les vincula y que el propio Tribunal ha señalado».
Un tribunal de Honduras condenó el lunes a Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Castro, que era huésped de la ambientalista el día del crimen y fue el único testigo del hecho.
Los otros tres condenados, a 30 años de cárcel, como coautores del crimen son Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez y Sergio Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollo Energético (DESA).
La Misión indicó que el tribunal hondureño, de acuerdo a las pruebas presentadas en el juicio oral celebrado entre octubre y noviembre de 2018, «da por probado que el asesinato de Cáceres fue planificado con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desa».
Enfatizó que continúa «observando los procesos judiciales vinculados al asesinato de Berta Cáceres» y ve con «grave preocupación» que solo Roberto David Castillo, un alto ejecutivo de Desa, ha sido señalado e investigado como autor intelectual del crimen.
El proceso contra Castillo «se ha caracterizado por una serie de dilaciones, así como campañas de desprestigio, amenazas y ataques en contra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el pueblo lenca», añade.
Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
La Misión de Observación aseguró que «seguirá existiendo impunidad hasta que no se avance en la identificación, juzgamiento y sanción de todas las personas que están involucradas en la autoría intelectual de los hechos».
Además, hizo un llamamiento «urgente» al Estado de Honduras para «avanzar con la investigación de los ejecutivos de Desa vinculados con el caso».
Las organizaciones también exhortaron a las autoridades de Honduras a «iniciar el proceso correspondiente a fin de revocar la concesión del río Gualcarque, que se mantiene como una fuente de riesgo para la vida e integridad del pueblo lenca y las comunidades del COPINH».
Berta Cáceres se enfrentó a Desa por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Uno de los abogados de la familia de Cáceres, Víctor Fernández, dijo a Efe el martes que reciben con insatisfacción la condena puesto que temen que el caso sea cerrado tras el fallo judicial.
«Satisfacción no puede haber hoy, porque es muy peligroso que el Estado de Honduras y la estructura criminal que ejecutó este crimen pretendan decir que ya se cerró el caso», indicó Fernández, quien aseguró que el fallo judicial constituye «una primera fisura a la estructura de impunidad» que rodea el asesinato de la ambientalista. EFE
