Tegucigalpa – La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, destacó hoy que la evaluación de Honduras para acceder a la Cuenta del Milenio se basa en datos objetivos y no en decisiones políticas.
Durante su intervención en Tegucigalpa, Dogu aclaró que la calificación del país para el acceso a estos fondos no está influenciada por factores políticos, sino que depende de una evaluación basada en estadísticas y datos concretos.
“Con respecto a la Cuenta del Milenio, la decisión se fundamenta en datos y no es una cuestión política. Hay múltiples puntos de datos que determinan si Honduras califica o no para estos fondos”, explicó Dogu.
Además, la embajadora subrayó la importancia de que Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleguen a un acuerdo sobre la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH). Dogu calificó a la CICIH como un mecanismo crucial para el país y expresó su esperanza de que se concrete este acuerdo.
En otro ámbito, Dogu enfatizó que el gobierno estadounidense se enfoca en tres áreas clave en Honduras: prosperidad, seguridad y democracia. La embajadora subrayó la importancia de que los jóvenes hondureños encuentren empleos dignos y oportunidades para apoyar a sus familias, así como la necesidad de un entorno seguro y democrático.
Dogu también participó en la firma de un memorándum de entendimiento entre Honduras y Estados Unidos para la devolución de fondos incautados a actores corruptos. La embajadora destacó que el objetivo principal es que estos recursos regresen al pueblo hondureño, pues son fondos que pertenecen a la ciudadanía.
La repatriación de los fondos, indicó Dogu, está respaldada por procedimientos judiciales rigurosos para asegurar su legitimidad. Asimismo, la embajadora aseguró que Estados Unidos está comprometido en repatriar recursos ligados al narcotráfico si se demuestra su origen ilícito, reafirmando su postura firme contra la presencia de tales recursos en su territorio.
La firma del memorándum se enmarca en un esfuerzo continuo entre ambos países para combatir la corrupción y garantizar que los recursos estatales beneficien directamente a la ciudadanía hondureña, promoviendo un desarrollo justo y transparente.
