Tegucigalpa.- El exdiputado y actual subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría, manifestó este martes en torno al tema del peaje sobre la carretera CA-5 que el contrato aprobado hace algunos años no contemplaba estos fuertes incrementos, por lo tanto, considera que se debería derogar.
El exparlamentario de Libre comenzó diciendo que la concesión con COVI ha sido desde el principio fuertemente cuestionada por varios sectores de la sociedad hondureña.
“La carretera del norte -altamente transitada- fue construida con fondos directos de la Cuenta del Milenio y luego fue cedida a una concesionaria que no invirtió absolutamente nada”, expresó.
Lo acontecido en el marco de este contrato de concesión, objetó Alegría, el pueblo lo ha considerado como una “estafa” pese a que se ha hecho en nombre de la inversión y el desarrollo.
El funcionario expresó que el pago de tres y hasta cuatro peajes en la carretera de Cortés a Tegucigalpa puede ser considerado como un “abuso” y hasta un “fraude”.
Rafael Alegría es de la opinión que por mucho debería existir sólo una caseta de peaje y en su defecto, lo ideal sería que el Estado lo administrara.
Este miércoles la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Concesionaria Vial de Honduras (COVI) se sentarán a revisar el contrato firmado en 2012 por el Gobierno.
“Yo creo que continuar una concesión en estas condiciones es absolutamente incorrecto”, subrayó el versado en declaraciones al noticiero “El Minuto”.
La concesionaria defendió el aumento a la tarifa del peaje y aseguraron que el contrato los faculta para hacerlo, no obstante, el excongresista señaló que el Estado tiene la potestad de dirigir y controlar las concesiones.
“El pueblo ha estado en contra de estos peajes y están contentos con la decisión de Xiomara; sino se elimina esa concesión que lo tome el Estado de Honduras”, apuntó Alegría, quien estima habrán cambios tras la reunión del miércoles.
Las tarifas de peaje subieron el pasado domingo entre 1 y 47 lempiras en medio del rechazo del Gobierno que exigió la reversión en un plazo de 24 horas.
