La polémica en torno a la Tasa de Seguridad volvió a tomar fuerza tras conocerse procesos judiciales contra exautoridades responsables de su administración. El mecanismo, que recauda miles de millones de lempiras anualmente, arrastra un historial de opacidad y denuncias de corrupción en el manejo de sus recursos.
En 2022, este tributo generó más de mil millones de lempiras destinados, en teoría, al fortalecimiento de la seguridad nacional. Sin embargo, la falta de transparencia sigue siendo el principal cuestionamiento, debido a que la información sobre el destino de los fondos fue declarada bajo secretividad en el Congreso Nacional.
La administración de la presidenta Xiomara Castro llegó al poder con la promesa de eliminar esta tasa, pero hasta la fecha se ha mantenido vigente. Durante su gestión, se estima que ha recaudado más de 16 mil millones de lempiras, sin claridad pública sobre cómo han sido invertidos.
El debate sobre la continuidad de la Tasa de Seguridad sigue abierto, mientras crecen las exigencias ciudadanas y políticas por mayor rendición de cuentas en el uso de estos recursos.
