El jefe de la Uferco señala que 10 de los incluidos en la Lista Engel ya fueron acusados en los juzgados

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Tegucigalpa.- El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo que 10 de los 15 hondureños que fueron agregados a la “Lista Engel”, ya fueron acusadas antes en los juzgados del país.

“Diez (10) de las personas incluidas en la lista Engel ya fueron acusadas ante los Juzgados por UFECIC/MACCIH: 8 en el caso corrupción sobre ruedas, pendiente de fallo; 1 en el caso Fraude en el Gualcarque; pendiente de juicio y 1 en el caso contra la directiva del IHSS…”, explicó el jefe de la Uferco.

En la más reciente publicación de la lista, hay ocho personajes que fungieron en la administración de Juan Orlando Hernández (preso en EEUU por narcotráfico), cuatro del periodo de Manuel Zelaya, dos del actual gobierno de Xiomara Castro y uno del periodo de Porfirio Lobo Sosa.

La última Lista Engel trascendió en las últimas horas, desatando polémica en la clase política ya que se menciona a los actuales diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé y Edgardo Casaña, ambos juramentados como vicepresidentes de la junta directiva que dirige el congresista Luis Redondo, actualmente en funciones.

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla es uno de los que está en la lista, quien fue el director de la Policía Nacional de Honduras y actualmente enfrenta a la justicia estadounidense en los tribunales de Nueva York por narcotráfico.

Otro señalado es el exministro Enrique Flores Lanza, absuelto en marzo pasado de varios cargos relacionados a la corrupción, amparado en la amnistía política que aprobó el Congreso Nacional en febrero de 2022, para supuestamente limpiar de acusaciones a los perseguidos después del golpe de Estado.

La Lista Engel surgió de una ley aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre de 2020 y obliga al Departamento de Estado a presentar periódicamente una serie de funcionarios del Triángulo Norte de Centroamérica que han estado involucrados en actos de corrupción o en conductas antidemocráticas. Estas personas pierden automáticamente su visa por al menos tres años.