El Congreso salvadoreño aprueba ley para proteger a desplazados por pandillas

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El Congreso de El Salvador aprobó este jueves una ley para proteger a las víctimas del desplazamiento forzado generado por las pandillas, más de año y medio después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenará emitir la legislación. EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador – El Congreso de El Salvador aprobó este jueves una ley para proteger a las víctimas del desplazamiento forzado generado por las pandillas más de año y medio después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenará emitir la legislación.

De esta forma, el Congreso reconoció oficialmente el fenómeno, que solo en 2018 dejó más de 235.700 personas desplazadas por violencia, según proyecciones de una encuesta nacional de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

«El desplazamiento forzado interno en El Salvador encuentra como principales determinantes los altos índices de victimización, territorios con tejido social frágil, el control territorial por grupos criminales, así como las amenazas que obligan a las personas a abandonar sus hogares», reconoce la ley, aprobada con 82 votos de los 84 diputados.

La legislación, que debe ser firmada por el presidente del país, Nayib Bukele, para entrar en vigor, establece como su principal fin «reconocer, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas en condición de desplazamiento forzado interno, y aquellas que se encuentran en riesgo de serlo».

Señala que esto se realizará «mediante el establecimiento de procedimientos preventivos y de un sistema de atención eficiente con enfoque humanitario que incluya soluciones duraderas».

La ley establece el derecho de las víctimas «a retornar a su lugar de origen», a ser «protegidos contra el reclutamiento forzado por parte de las pandillas» y a la «reunificación familiar cuando por razón del desplazamiento se haya separado».

También señala que tienen derecho a una «protección especial y atención prioritaria», especialmente cuando se trate de menores de edad.

Esta legislación da vida al Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno (SINAPI), que será responsable de «emitir, implementar y evaluar» una política nacional y coordinar a las instituciones estatales vinculadas.

De igual forma, crea un registro único de personas desplazadas por la violencia.

Las cifras de desplazamiento que se manejan en El Salvador en la actualidad provienen únicamente de los casos atendidos por las organizaciones sociales o de proyecciones de encuestas nacionales.

Antes del fallo de la CSJ de 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) era el único ente estatal en reconocer y atender el fenómeno.

Además de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, los activistas señalan a las fuerzas de seguridad de generar, en menor medida, casos de desplazamiento.

La sentencia de la CSJ en la que se ordenó la creación de la ley se dio en respuesta a una solicitud de amparo de una familia de 33 personas que tuvo que desplazarse de una localidad del centro del país por las amenazas de muerte y acoso por parte de la pandilla Barrio 18 porque 2 de las víctimas eran soldados.

En uno de estos ataques fueron violadas una mujer y una niña de 12 años, por lo que decidieron huir a la oriental localidad de Berlín, donde fueron acosados por los cuerpos de seguridad y la Policía asesinó a la mujer que fue abusada sexualmente.

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