Tegucigalpa.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) urgió este domingo, al Estado hondureño, implementar una política integral para proteger a las personas en situación de movilidad humana, ya que, con el incremento de los flujos migratorios aumentó la vulneración a los derechos de las personas migrantes, cometidas tanto por particulares como por autoridades de las fuerzas del orden.
Es urgente una política integral de movilidad humana que involucre a instituciones estatales, gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones particulares, para armonizar los esfuerzos de gobernanza que actualmente se realizan en materia de protección de las personas en situación de movilidad, recomendó.
En el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre de cada año, la titular del CONADEH, Blanca Izaguirre señaló que, a las personas migrantes se les violan sus derechos fundamentales, tanto en su país de origen como en los de tránsito y los de destino, irrespetando así la dignidad que les es inherente e imposibilitando el desarrollo de sus planes de vida.
Los Estados de tránsito como los de destino tienen la obligación de respetar y proteger la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes durante todo el ciclo de la migración, atendiendo de forma especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, expresó.
Se estima que, entre el 1 de enero y el 13 de diciembre del 2023, ingresaron por territorio hondureño 522,291 personas migrantes irregulares de diferentes países del Caribe, Centro, Suramérica, África y Asia.
Por las fronteras hondureñas transitaron unos 277,467 hombres, 136,329 mujeres, 48,163 niñas y 60,332 niños de diferentes edades y nacionalidades.
Se estima que, unas 222,610 (43 por ciento) personas migrantes irregulares que transitaron por Honduras son de nacionalidad venezolana.
Además, por Honduras transitaron personas migrantes irregulares procedentes de Cuba, Haití, Ecuador República Dominicana, Colombia, Angola, Perú, Somalia, Camerún, Chile, Brasil, China, Afganistán, Panamá, Nicaragua, Nigeria, Ghana, Irán, Sudán, Mauritania, Pakistán, Nepal, Guinea, República del Congo, Líbano, Senegal, Sierra Leona, Ruanda, Bolivia y Marruecos, entre otras nacionalidades.
La defensora de los derechos humanos reiteró la importante de elaborar políticas adecuadas para el tratamiento de la migración en todas sus manifestaciones, de manera que no se criminalice esta condición, sino que se considere como una situación que es el producto de las condiciones de pobreza en la que viven gran parte de las sociedades.
Resulta particularmente importante que el Estado hondureño cuente con un sistema normativo, institucional y operativo que asegure el acceso al territorio bajo los principios de no sanción por ingreso irregular, no rechazo en frontera, no devolución, igualdad y no discriminación.
En ese sentido, advirtió que, para evitar una crisis humanitaria en el país, en los próximos días, es importante que el Estado hondureño, a través del Congreso Nacional, apruebe la ampliación de la amnistía migratoria, como un aspecto humanitario para ayudar a miles de personas que transitan por territorio hondureño, principalmente a las que se encuentran en condición de vulnerabilidad.
Los Estados no deben imponer sanciones a personas que necesiten protección internacional por cuenta de su entrada o presencia irregular, recordó.
