Tegucigalpa.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) exhortó este lunes que durante el 2024 haya un pacto por el empleo y un diálogo urgente para superar la coyuntura económica en el país.
La iniciativa privada brindó este lunes una conferencia de prensa para dar a conocer su “Mensaje a la Nación 2024” que se enfoca en las prioridades para el desarrollo del país.
El director del Cohep, Armando Urtecho, dijo que el 2024 inició con retos que deben ser resueltos y requiere la atención: la escasez de empleo, la crisis energética, las limitaciones económicas y la incertidumbre política.
Expuso que estos factores impiden que las familias tengan mejores oportunidades para desarrollarse.
Urtecho explicó que el izamiento de una bandera negra en sus instalaciones muestra la preocupación y compromiso hacia los hondureños que luchan por empleos y oportunidades dignas, y representa la necesidad de buscar soluciones urgentes, comenzando por un diálogo.
Comentó que se precisa un esfuerzo en conjunto entre el gobierno, empresas, sociedad civil, academia y trabajadores para propiciar un cambio y construir un futuro donde el progreso y la equidad sean la norma.
Por lo tanto, señaló que la creación de un marco político sólido y colaborativo es el camino hacia un futuro más promisorio y equitativo para Honduras.
Retos y desafíos
Señaló que el crecimiento económico de Honduras en 2023 fue de 3 %, no obstante, lamentó que el país aún enfrenta desafíos de estancamiento que afecta la calidad de vida, y que debe implementarse políticas que fomente un ambiente de negocios favorable, reduzcan la incertidumbre y generen confianza.
Sobre la medida de distribuir la compra y venta de divisas mediante subastas, el Cohep consideró que no ha tenido los efectos deseados, añadiendo que esta medida ha perjudicado a empresas como a individuos por querer adquirirlas.
Exhibió que el país enfrenta una crisis educativa caracterizada por una cobertura limitada, baja matricula, alta deserción, infraestructura inadecuada, falta de materiales didácticos y capacitación docente deficiente.
Estos factores contribuyen a una baja calidad en el aprendizaje y un rendimiento estudiantil insuficiente. El bajo desempeño del sistema educativo tiene implicaciones serias para la economía nacional, ya que nuestra fuerza laboral no está suficientemente preparada para las demandas de un mundo cada vez más globalizado, arguyó.
Indicó que la cifra de 2.3 millones de hondureños que no trabajan ni estudian, o son subempleados refleja problemas estructurales profundos.
Gobernabilidad, corrupción e inseguridad jurídica
La iniciativa privada clamó a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), y que su demora afecta la percepción de seguridad jurídica y contribuye al aumento de prácticas corruptas.
Para avanzar en este proceso, el Cohep propone una estrategia en dos vías: en primer lugar, acelerar las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Mientras que la segunda vía es agilizar la aprobación, modificación o derogación de los decretos pendientes en el Congreso Nacional.
En paralelo a estos esfuerzos, recordó que el Poder Ejecutivo debe aprobar la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción (ENTAH), presentada por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en 2022.
También reprochó los resultados de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra para reducir el número de invasiones de tierras.
Crisis energética y ambiental
En referencia a este tema, puntualizó que la situación el aumento de la deuda con los proveedores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), problemas continuos en el suministro eléctrico que ocasionaron más de 10 mil apagones en 2023 y un costo mensual de más de 87 millones de lempiras para la población.
Consideró imprescindible que Honduras adopte procesos transparentes y eficientes en la contratación de energía y trabaje en la reducción de las pérdidas para asegurar un desarrollo y progreso sostenibles.
Aunque reconoció que se tiene dificultades para poder cumplir el reglamento “Cero Deforestación” de la Unión Europea (UE) aprobado el 29 de junio de 2023.
Explicó que estas normas entrarán en vigencia en enero de 2025, y que los productores y comerciantes hondureños tienen 11 meses para adaptarse, y que es vital para mantenerse en la exportación de productos clave como el café, el aceite de palma y el cacao.
Una adaptación eficiente a estas regulaciones es fundamental para evitar desafíos significativos que podrían afectar la economía del país, conjeturó el gremio de las empresas privadas.
Reformas sociales
El Cohep se comprometió en apoyar a la creación de empleos formales y sostenibles para impulsar el crecimiento económico y aumentar los ingresos de la ciudadanía.
Reconoció la importancia de revisar y actualizar la normativa laboral para que responda eficazmente a las necesidades actuales de la sociedad, también, consideró esencial explorar y adaptar alternativas exitosas a nivel global para mejorar las tasas de empleo formales.
Adicionalmente, enfatizó en bordar de manera adecuada la crisis presupuestaria del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para garantizar un servicio de calidad a sus afiliados y fortalecer el sistema de seguridad social.
En ese sentido, explicó que la iniciativa de “Pacto por el Empleo” que incluye un análisis detallado de la situación laboral en los últimos cinco años, mencionando problemas como la alta informalidad, la pobreza y los elevados niveles de migración.
Esta iniciativa propone 10 medidas concretas destinadas a fomentar la atracción de inversiones que generen empleos formales y un crecimiento económico inclusivo.
Cabe recordar, que el Cohep presentó esta iniciativa hace seis meses, sin embargo, la iniciativa privada ha reiterado que no ha recibido una respuesta de las autoridades gubernamentales.
Reformas fiscales
El Cohep remarcó que no se opone a la revisión de exoneraciones fiscales, y que cualquier propuesta de reforma debe ser en base a estándares internacionales.
Sin embargo, expresó su oposición que las reformas sean utilizadas como herramientas de persecución fiscal e incertidumbre económica.
Reiteró que aún no cuenta con un análisis de impacto económico de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria de parte del gobierno que incluya tanto los efectos positivos como los negativos.
“Este análisis es necesario para proporcionar información que respalde decisiones importantes que afectarán el futuro económico y competitividad del país. Estamos dispuestos a colaborar en este proceso para asegurar que las decisiones tomadas sean informadas y equilibradas”, replicó.
Además, enfatizó que cualquier reforma debe garantizar los derechos constitucionales, abogando por un proceder objetivo y no discrecional por parte de los funcionarios implicados.
El Cohep argumentó que no solo defiende del sector empresarial, sino que está dispuesto a asumir un proactivo por el bienestar de la sociedad.
Lamentó que el gobierno realice ataques al sector privado, tildándolos de innecesarios, contraproducentes, dolorosos y difíciles de comprender para los empresarios.
Finalmente, instó al gobierno a una escucha activa, receptiva y tolerante a las voces de todos los sectores.
