San Salvador.- El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, dijo que el Gobierno de El Salvador «tiene la responsabilidad de respetar el debido proceso de la ley» en referencia a la implementación en este país de un régimen de excepción para combatir a las pandillas.
El diplomático señaló a periodistas que «reconoce el peligro que representaban las maras para la sociedad salvadoreña, el sufrimiento del pueblo gracias a ellos» y que «había necesidad de alguna acción por parte del Gobierno, de eso no cabe de duda, pero también, a la misma vez, el Gobierno tiene la responsabilidad de respetar el debido proceso de la ley, y eso es lo que hace falta ahora en el estado de excepción».
«Yo espero que puedan consolidar lo que han ganado en materia de seguridad pública, pero puedan volver a la normalidad, en el debido proceso de la ley lo más pronto posible», añadió.
En mayo pasado, Duncan manifestó que «respeta» las medidas de seguridad que se implementan en el país centroamericano contra las pandillas, pero «a la vez quiero decir que un sistema de justicia penal tiene que respetar el debido proceso de la ley y siempre vamos a abogar por eso», apuntó.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, insistió el lunes en que la duración del estado de emergencia en El Salvador es excesiva y que son alarmantes «las detenciones masivas» que esto ha permitido.
Türk consideró inaceptables las condiciones en las prisiones, así como las restricciones cada vez más importantes para el ejercicio de los derechos civiles y el debido proceso, que las autoridades han justificado como necesarias en la lucha contra la criminalidad que tenía en vilo al país.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó el martes extender por 30 días más la implementación de un régimen de excepción, una medida vigente desde finales de marzo para combatir a las pandillas, con lo que sería la decimoctavo prórroga avalada por dicho órgano.
La nueva extensión entró en vigencia hoy y se prolongará hasta el 13 de octubre próximo.
Desde marzo de 2022, el órgano Legislativo decretó la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De acuerdo con cifras divulgadas por fuente oficiales, esta medida ha dejado a más de 72.600 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
De los más de 72.600 detenidos, al menos 7.000 han sido liberados, según lo señaló en agosto pasado el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La organización no gubernamental Tutela Legal ‘María Julia Hernández’ señaló el martes que «más de 20.000 inocentes detenidos ya cuentan con su carta de liberación, pero siguen sin ser liberados y entregados a sus familias». EFE
