Diputado aclara que la derogación de la ley de empleo por hora tiene una vacatio legis de 60 días

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Tegucigalpa.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, aclaró que la derogación la Ley de Empleo por Hora aprobada en el Congreso Nacional (CN), contiene una vacatio legis de 60 días para su posterior entrada en vigencia.

Ante los cuestionamientos de algunos sectores por la derogación de esta normativa, dijo que los 128 diputados son la representación y la voz de todos los sectores de la sociedad y que solo han ejercido la potestad que les da el artículo 205 de la Constitución de la República.

Tal artículo establece que corresponde al Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; convocar, suspender y cerrar sus sesiones, así como el emitir su reglamento interior y aplicar las sanciones que en él se establezcan para quienes lo infrinjan.

“Creemos que hemos regresado al Estado original del Código de Trabajo y Constitución de la República, que tenemos una promesa de reivindicar los derechos a la clase trabajadora, magisterio, centrales obreras y a trabajar de la mano con sectores productores y empresa privada, pero respetando los derechos de los trabajadores”, expresó Sarmiento.

Explicó que se les ha otorgado a las empresas un periodo de dos meses para que puedan hacer la transición con los trabajadores que estaban bajo esta modalidad del empleo por hora.

Dijo creer que ningún asesor legal le aconsejará a una empresa que invoque la derogación de esta ley como causal de despido.

“Lo que pueden hacer es dejar que finalice el contrato de trabajador para hacer un nuevo contrato, pero bajo la modalidad de media jornada”, finalizó.

Cabe señalar que, el decreto legislativo 38-2022 sobre la derogación de la Ley del Trabajo por Hora, fue publicado en las últimas horas en el diario oficial La Gaceta.

El Poder Legislativo derogó el pasado miércoles la Ley de Empleo por Hora, tras la dispensa de un debate y con la votación a favor de más de 80 congresistas de todas las bancadas.

Según los parlamentarios, la normativa fue aprobada ilegalmente el 20 de enero del 2014, una fecha fuera de tiempo de las sesiones ordinarias de aquel Congreso Nacional.

Aseguraron que, esta ley ahora derogada, lejos de incentivar nuevos empleos, funcionó como herramienta para que algunos empresarios despidieran a sus trabajadores y recontratarlos bajo esta modalidad que no reconocía derechos laborales como la antigüedad, esto según estudios realizados por el Centro de Derecho de Mujeres (CDM) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).