Tegucigalpa.- La diputada oficialista Xiomara Hortencia Zelaya ha presentado una iniciativa de Ley Especial de Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), ante el Congreso Nacional este miércoles. Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate debido a la notable influencia que otorgaría al Fiscal General.
El proyecto de ley propuesto establece que la CICIH tendría la personalidad jurídica de querellante autónomo durante un período de cinco años, con la facultad de investigar, acusar y llevar a juicio las redes de corrupción público-privada. Sorprendentemente, el Fiscal General sería el responsable de acreditar esta personalidad jurídica a los miembros de la CICIH, generando preocupaciones sobre su independencia y objetividad.
Entre las atribuciones de la CICIH se encontraría la investigación de una amplia gama de delitos, desde contratos de infraestructura defectuosos hasta fraudes electorales, con un enfoque en la gravedad y cuantía del daño ocasionado.
Financiada tanto por el Estado de Honduras como por la comunidad internacional, la CICIH promete ser un instrumento poderoso en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, las inquietudes sobre su relación con el Fiscal General y su dependencia de acreditaciones podrían obstaculizar su efectividad y credibilidad.
La diputada Fátima Mena, del partido Salvador de Honduras (PSH), expresó su preocupación por esta dependencia del Fiscal General, señalando que podría afectar las negociaciones en curso entre el gobierno y las Naciones Unidas para establecer la CICIH. Anteriormente, la misma diputada Zelaya había propuesto la llegada de la CICIH como una reforma constitucional, lo que requeriría una mayoría calificada para su aprobación.
La iniciativa de ley de la diputada Zelaya representa un paso importante en la lucha contra la corrupción en Honduras, pero su implementación exitosa dependerá en gran medida de la capacidad de garantizar la independencia y la imparcialidad de la CICIH, así como de abordar las preocupaciones planteadas por los legisladores y la sociedad civil.
