Tegucigalpa.- Para dar cumplimiento a la medida cautelar, la exdiputada por El Paraíso (2006-2014), Sara Medina, fue remitida a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), mientras que el exdiputado suplente por Copán (2010-2014), Carlos Guevara, fue trasladado a la Penitenciaría Nacional. Ambos centros están ubicados en Támara, Francisco Morazán.
El fallo del Juzgado en Criminalidad Organizada y Corrupción contra los excongresistas del Partido Nacional se extendió al exsecretario general del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), José Sánchez.
Los tres imputados fueron capturados este miércoles 13 de diciembre por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. La audiencia inicial contra los tres acusados se programó para el próximo sábado 16 de diciembre.
Por el mismo caso, relacionado con el desvío de L42.5 millones a través del Fondo Departamental de las arcas del Congreso Nacional, hay una orden de captura vigente para otros tres exdiputados nacionalistas: Fredy Espinoza Mondragón (2010-2014), Miguel Ángel Gámez (2006-2014) y Gladys Bernarda Casco Cruz (2006-2014), además del ciudadano Geovanny Castellanos Deras.
Denuncia del Ministerio Público
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó un requerimiento fiscal en el que señaló que los imputados presuntamente conspiraron para desviar más de 42 millones de lempiras del Congreso Nacional mediante una organización no gubernamental (ONG) llamada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
Según el requerimiento fiscal, los diputados llevaban a cabo gestiones a través del Fondo de Desarrollo Departamental, derogado en agosto de 2023, para la ejecución de proyectos sociales mediante ONGs. Sin embargo, una vez realizados los desembolsos, los fondos eran transferidos de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que gestionaron los recursos, así como a otras cuentas de otros legisladores y particulares, quienes los utilizaban para fines diferentes a los previamente designados.
Además, se identificaron gestiones irregulares de subsidios otorgados a varios exparlamentarios a través del mismo fondo, bajo la justificación de proyectos u obras de desarrollo social. Sin embargo, dichos proyectos no fueron presentados con los perfiles correspondientes.
La investigación revela que los fondos, provenientes de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a la cuenta de la AJOPADIH, fueron acreditados en un periodo de seis meses. Se descubrió que uno de los imputados, que actuó como cooperador necesario, se autoacreditó 28 millones de lempiras y realizó depósitos en 26 cuentas particulares, incluyendo las de los exdiputados acusados. El dinero restante fue trasladado a terceros sin justificación.
