Tegucigalpa.- Un juez hondureño luego de desarrollarse la audiencia inicial dictó la medida de auto de formal procesamiento a una exasistente de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
La imputada responde al nombre de Iris María Sarmiento, acusada de la presunta comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Es la primera imputada que se presentó a los tribunales de justicia en torno al caso “Narcopolítica II”.
En el expediente, la imputada fue la asistente del extitular de la gerencia técnica de Soptravi, Elder Jacobo Gómez, quien también está acusado.
El caso Narcopolítica II es una segunda línea judicializada y su primera fase comprendió una acusación a 12 personas señaladas de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron.
En ese entonces, los encausados fueron el exministro de la extinta Soptravi, Miguel Rodrigo Pastor, por suponerle responsable de 21 delitos de fraude, cohecho y lavado de activos.
Igualmente, fueron acusados los exfuncionarios Marlon Geovanny Flores y Carol Ivonne Pineda por 21 delitos de fraude, Norberto Quezada y José Manuel Valladares Rosa por 10 delitos de fraude y Lucas Jetsell Velásquez por un delito de fraude.
Entre los coimputados figuran Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, con cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.
Las imputaciones se refieren al otorgamiento de contratos a INRIMAR, que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro.
Tales contratos se adjudicaron sin que la empresa Inrimar cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado, durante la gestión de gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Para la concesión de unos contratos se fraccionaron las obras y en otros se emitieron decretos de emergencia por una tormenta tropical, las mismas, en su mayoría no se realizaron (falsamente se acreditó que se habían hecho y entregado) y las que se efectuaron fueron sobrevaloradas.
El propósito de la asignación de estos contratos, era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa Inrimar, para poder lavar dinero derivado del narcotráfico, a través de instituciones gubernamentales.
