Detienen a abogada implicada en el ingreso de dinero a «La Tolva»

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Tegucigalpa.- Este lunes se informó de la abogada que presuntamente entregó los 445 mil lempiras al director del centro penitenciario “La Tolva”, Rodimiro Arita, para el dinero a esta cárcel del oriente del país. Luego de comparecer en audiencia de imputados, se le decretó detención judicial.

Dos de los imputados ya comparecieron en audiencia inicial. Ambos quedaron detenidos a la espera de la siguiente etapa procesal.

Además, el juez que conoce la causa programó la audiencia inicial para el miércoles 20 de diciembre a las 10.00 de la mañana.

El jefe de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), el coronel Ramiro Fernando Muñoz, confirmó que la abogada fue la encargada de entregarle el dinero al coronel Rodimiro Arita.

La profesional del derecho responde al nombre de Diana Gissela Zelaya Banegas, quien será agregada a la imputación que ya incluye a Arita y Rodríguez.

“La Policía Militar junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dieron detención también a la abogada que dio el dinero al coronel”, dijo Muñoz al canal HCH.

Solo tenemos que aplicar la ley, este es un mensaje para todo aquel que violente la ley, advirtió el jefe de la PMOP.

Comentó que le da pesar este tipo de noticias que un oficial se vea implicado en actos criminales, pero que no va a dejar de hacer cumplir la ley.

El jefe de la PMOP mandó un mensaje a los directores, subdirectores, comandantes, policías militares y agentes penitenciarios que si violentan la ley van a terminar presos.

“Les digo que podrían terminar de huéspedes en una cárcel después de ser los alcaldes”, sentenció.

El 14 de diciembre se informó de la captura del coronel Rodimiro Arita, director de la cárcel de La Tolva, por autorizar el ingreso de 445 mil lempiras a este centro penitenciario.

También se dio captura al abogado Luis Antonio Rodríguez Alvarado, quien tiene el cargo de asesor penitenciario y que habría participado en la pretensión de ingresar casi medio millón de lempiras.

Según las investigaciones, el dinero pertenecía a los familiares de los mil 743 reclusos con el objetivo de celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo.