Tegucigalpa.-La defensa del presidenciable, Santos Orellana, anunció que en los próximos días presentará un recurso de apelación ante la Corte (CSJ), luego de dictársele auto de formal procesamiento y prisión preventiva por el supuesto delito de lavado de activos.
La medida se determinó contra el excapitán de las Fuerzas Armadas, así como contra su esposa y su suegra.
En ese sentido la defensa del candidato del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE), el abogado Salomón Amador Berríos, dijo que la apelación se hará bajo el argumento de que el delito por el cual se le dictó el formal procesamiento no fue debidamente acreditado por el Ministerio Público (MP).
“El equipo de defensa vamos a recurrir el auto y la medida de prisión preventiva proferida por el juez con jurisdicción nacional”, manifestó.
Asimismo, recordó que con la entrada en vigencia de la reforma al artículo 439 del Código Penal, el delito de lavado de activos deja de ser autónomo, por lo que es del criterio que debe estar sujeto a un delito subyacente que debe ser acreditado en legal y debida forma como lo establece la actual normativa.
Amador Berríos expresó que el juez se valió de las palabras de un testigo protegido quien en su declaración manifestó un criterio no objetivo.
“Pero -la autoridad- lo tomó como indicio racional de que mi representado y su familia lavaban dinero proveniente de la actividad del narcotráfico originada por terceros”, explicó.
La defensa tiene tres días hábiles desde el pasado miércoles para interponer su recurso de apelación a fin de ser aceptado por la CSJ con la intención de que surja un cambio de medidas.
Éste buscará que Orellana se defienda en libertad o que reciba un sobreseimiento provisional y en su defecto un definitivo.
El Ministerio Publico (MP) ejecutó hace unos días la captura del excapitán Orellana, a quien se le ha presentado requerimiento fiscal por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras, junto a su esposa y suegra.
De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el candidato presidencial realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
Del mismo modo, según el MP, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
El informante reveló que el exmiembro de las FFAA negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Posteriormente al realizar el análisis financiero, el MP asegura que pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos un más de 2 millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras.
Sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo con los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
