Tegucigalpa.- La consolidación de la democracia en Honduras «pasa indefectiblemente por cambios sociales profundos», dijo este jueves Isabel Albaladejo Escribano, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Tegucigalpa.
Además, la consolidación democrática en el país centroamericano implica «la realización de todos los derechos humanos, esos derechos universales, indivisibles e interdependientes que la comunidad de los pueblos reconoció por medio de una proclama solemne», subrayó la diplomática.
La paz, añadió, es el primero de los frutos de la justicia «y ésta será algo incompleto mientras no se logre que las personas, los grupos sociales y los pueblos logren vivir a salvo del temor y de la pobreza».
La alta funcionaria de las Naciones Unidas suscribió el miércoles en Tegucigalpa con el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, una Carta de Entendimiento para un proceso de cooperación y asistencia técnica entre el Ministerio Público hondureño y la OACNUDH.
Al respecto, Albaladejo Escribano enfatizó en que «no hay que olvidar que de la firma de los acuerdos a su real implementación hay un largo camino que recorrer, dado que se requiere una fuerte y constante voluntad institucional para su adecuada puesta en marcha».
La Carta de Entendimiento supone, además, la oportunidad de contribuir en la construcción de capacidades institucionales para la investigación y persecución penal de las violaciones a los derechos humanos y la posibilidad de continuar reivindicando el acceso a la justicia de las víctimas y de los sectores más vulnerables a la violencia y la discriminación en Honduras.
La diplomática recalcó que la OACNUDH tiene un claro compromiso con el país, con su sociedad civil, con sus instituciones y, principalmente, con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Además, reflexionó sobre el derecho a la justicia, el mandato de una institución fundamental del Estado como es el Ministerio Público, y el apoyo que desde Naciones Unidas, a través de su oficina de derechos humanos, se puede ofrecer para el fortalecimiento institucional en materia de investigación y el acceso a la justicia de las víctimas.
«El acceso a la justicia es el uso del sistema jurídico, particularmente por las víctimas de violaciones a los derechos humanos y los sectores menos privilegiados de la sociedad. Al sistema, así concebido, se le establecen dos exigencias: primera, que sea igualmente accesible para todos y todas; segunda, que conduzca a resultados individual y socialmente justos», enfatizó.
En su opinión, el Ministerio Público hondureño enfrenta un reto que comparte con varios países en la región: operar con la mayor independencia y eficacia.
Ese reto se presenta, además, «en un contexto de falta de confianza general en las instituciones públicas y de grandes desafíos, como el incremento de la actividad del crimen organizado, la corrupción sistémica, la polarización política y el incremento de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes ambientales».
La funcionaria recordó que desde su establecimiento en Tegucigalpa, en 2016, la OACNUDH ha promovido diversas iniciativas de asistencia técnica con el Ministerio Público, orientadas al fortalecimiento de sus capacidades de investigación de violaciones a derechos humanos.
A través de la Carta de Entendimiento, «queremos profundizar e intensificar nuestra cooperación apoyando las capacidades técnico científicas para la investigación en casos como los femicidios, delitos contra la vida, las graves violaciones a los derechos humanos o los actos de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos», dijo Isabel Albaladejo Escribano. EFE