Tegucigalpa.- Después de que el Congreso Nacional finalmente diera a conocer el informe realizado por la comisión especial nombrada para investigar las actuaciones de los operadores de justicia involucrados en el tema de extradiciones, sugieren juicio político contra presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.
El informe se ha rendido con los hallazgos realizados luego de las reuniones y visitas a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República.
En el mismo la comisión brindó varias recomendaciones entre las que destaca la creación y aprobación de una Ley de Extradición que sustituya el auto acordado vigente, de igual forma sugirieron al Poder Ejecutivo que incorpore al tratado otros tipos penales
La comitiva recomendó a la vez juicio político tanto al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, como a Óscar Chinchilla, fiscal general del Estado.
Así lo dio a conocer la diputada de Libre por Cortés y miembro de dicha comisión, la parlamentaria hondureña, Silvia Ayala, quien dio lectura a un escrito en el Hemiciclo.
“Decretar la Ley de Extradición que cumpla con las normas jurídicas contenidas en los tratados y convenciones internacionales suscritos por Honduras”, externó además
“En virtud que la comisionada de derechos humanos -Conadeh- actuó de forma parcializada en el ejercicio de sus cargos, privilegiando al hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado (…) se recomienda su interpelación ante el Pleno del Legislativo”, añadió.
“Por la gravedad de las acciones y omisiones negligentes con motivo de los sujetos requeridos en extradición a los que se presentaron voluntariamente en los tribunales de justicia extranjero por los delitos de tráfico de estupefacientes (…) esta comisión recomienda juicio político en contra del presidente de la CSJ y el fiscal general”, solicitó.
La congresista Ayala mencionó ante la petición que se ha examinado la conducta administrativa de los funcionarios públicos, Rolando Argueta, Óscar Fernando Chinchilla y Blanca Izaguirre.
Los hechos investigados, apuntó, derivan o tienen conexión directa con las graves imputaciones que fiscales de EEUU han formulado contra el hoy extraditado Juan Orlando Hernández y otros narcotraficantes hondureños que han sido condenados en aquel país.
