Casi un centenar de hondureños han sido solicitados en extradición por Estados Unidos

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Tegucigalpa.- Los integrantes de la Comisión Especial sobre temas de Extradición del Congreso Nacional (CN), se reunieron este martes con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, revelando que casi un centenar de hondureños han sido solicitados por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y crimen organizado.

Son 97 en total y de estas, 33 están firmes, 6 diferidas por juicios en el país, 32 con orden de captura, 2 detenidos, 19 retiradas y 5 denegadas.

La comisión que conoció dicha información la integran los diputados: Ramón Barrios, Jari Dixon Herrera, Silvia Ayala, Maribel Espinoza, Netzer Mejía, Carlos Raudales, Jorge Luis Gaido, Mauricio Villeda y David Manaiza.

En ese sentido, la secretaria de la comisión, Silvia Ayala, informó que todo lo relacionado con las extradiciones les fue entregado por parte del titular de la CSJ, Rolando Argueta.

Detalló que hay 32 órdenes de captura pendientes, aunque no deja de ser un dato formal porque algunas de estas personas el Estado requirente desistió luego el pedido, o en otros casos los solicitados fueron capturados fuera de las fronteras del país e incluso algunos se entregaron por voluntad propia.

Asimismo, dijo que hay un caso que la persona requerida ya falleció.

Además, explicó que, de las 97 personas solicitadas en extradición, de las que 33 han seguido el proceso establecido en el auto acordado, 27 se han entregado a EEUU y seis se han declarado diferidas.

Los dos detenidos y en proceso de entrega, que son el expresidente Juan Orlando Hernández y el exjefe policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.

También hay 19 que se han retirado las solicitudes y cinco con solicitudes denegadas.

Luego de lo anterior, y aunque no dieron nombres ni más indicios, queda evidenciado que los parlamentarios de dicha comisión si conocieron sobre los solicitados en extradición por Estados Unidos, incluyendo los que ya tienen orden de captura, violando así la garantía de confidencialidad que manda la ley.

Dicha garantía es para evitar se de algún tipo de preaviso a los imputados y se pueda así dar algún tipo de fuga previo a su detención.

Los congresistas reflexionaron que existe la necesidad de contar con una Ley de Extradición, por lo que esa comisión parlamentaria procederá a entregar próximamente un proyecto de decreto encaminado a aprobar la normativa que sustituya al denominado auto acordado.

Los magistrados de la CSJ entregaron igualmente a la comisión una copia del Anteproyecto de Ley de Extradición enviado al Parlamento por la Corte anterior.