Tegucigalpa.- La crisis en el subsector eléctrico hondureño ha generado una profunda preocupación en la sociedad, pues ha drenado las finanzas del Estado durante años, obstaculizando el desarrollo del país. Ante esta situación, La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha demandado transparencia y una rigurosa revisión de los contratos energéticos que están próximos a discutirse en el Congreso Nacional.
Según la ASJ, esta crisis ha desviado recursos esenciales que podrían haberse invertido en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad, privando así a la ciudadanía hondureña de beneficios fundamentales. Además, se alerta que estas prácticas no solo benefician a un grupo privilegiado, sino que también perjudican gravemente a la población más vulnerable del país.
Recientemente, las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) han anunciado el envío al Congreso Nacional de dos paquetes de contratos renegociados que carecen de la transparencia necesaria para su aprobación, según denuncia la ASJ.
Ante este contexto, la ASJ ha emitido un comunicado en el que destaca varios puntos:
Se resalta que el plazo otorgado a la ENEE para renegociar contratos en operación comercial expiró en agosto de 2022, sin embargo, hasta la fecha no se han revelado ni enviado al Congreso Nacional los cambios, modificaciones y adendas a estos contratos.
A pesar de los plazos establecidos para la depuración y rescisión de contratos aún no operativos, la ENEE no ha divulgado detalles sobre el progreso de este proceso ni el estado actual de los aproximadamente 94 contratos que requerían depuración.
Se destaca el derecho del pueblo hondureño a conocer cada uno de los contratos en operación que han sido renegociados, así como los contratos en proceso de depuración comercial, incluyendo las condiciones contractuales bajo las cuales opera la nueva planta Brassavola, propiedad de la empresa CECHSA.
Se insta a las autoridades a adherirse estrictamente a lo establecido en el Decreto 046-2022 y evitar reactivar contratos que han estado inactivos durante más de una década, lo cual ha agravado el déficit energético del país.
Finalmente, se hace un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que analicen meticulosamente y debatan públicamente cada uno de los contratos renegociados, asegurándose de transmitir estos debates en vivo, con el objetivo de garantizar que no se aprueben contratos que no estén en estricto apego a la ley y que resulten lesivos para las finanzas del Estado y el pueblo hondureño.
La ASJ subraya que es fundamental garantizar una energía más accesible, más barata, más transparente y más amigable con el medio ambiente, no solo para el bienestar económico de Honduras, sino también para asegurar una sociedad más justa para todos los hondureños.
