La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este martes sobre el acelerado deterioro del espacio cívico en Honduras, en el marco de la presentación de su más reciente informe de la serie Estado de país.
En esta octava entrega, dedicada al análisis del espacio cívico, la organización denunció un ambiente cada vez más hostil hacia las voces críticas al gobierno, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, iglesias y representantes del sector privado y diplomático.
Según el informe, el país enfrenta una preocupante tendencia de desprestigio, intimidación y ataques dirigidos desde instituciones estatales contra quienes emiten opiniones contrarias al oficialismo. “Frente a un entorno que restringe las libertades fundamentales, es urgente poner un alto a las amenazas institucionalizadas y proteger el Estado de derecho”, declaró Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ.
Entre los datos más alarmantes, se destaca que entre 2001 y 2025 se han registrado 103 muertes violentas de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Honduras, de las cuales el 58 % permanece en la impunidad. Solo en 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 284 ataques que afectaron a 319 personas y organizaciones.
A nivel internacional, Honduras es evaluada con severas limitaciones en materia de libertades cívicas. El Monitor CIVICUS califica al país con un espacio cívico “reprimido”, mientras que el Índice Chapultepec 2024 otorgó una puntuación de apenas 40, reflejando graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Además, Freedom House clasifica a Honduras como “parcialmente libre” y Reporteros Sin Fronteras ha reportado un deterioro constante en los últimos años.
A nivel nacional, entre 2016 y 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) recibió 133 denuncias de periodistas, y la organización C-Libre ha registrado que el 43 % de las alertas por violaciones de derechos han sido dirigidas a medios de comunicación.
En lo que va de 2025, el Observatorio de la Democracia de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) ha contabilizado 1,230 ataques digitales provenientes de cuentas de funcionarios públicos en redes sociales, dirigidos a voces disidentes.
ASJ también expresó su preocupación por la continuidad del estado de excepción, vigente desde 2022, al que calificó como una herramienta que ha demostrado ser ineficaz frente a la criminalidad y que, en cambio, representa una amenaza a derechos fundamentales y un posible instrumento de intimidación política, especialmente en períodos electorales.
Llamado a la acción
Ante este contexto, ASJ hizo un llamado urgente al gobierno hondureño para que cese de inmediato los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos, iglesias, ONGs y demás sectores críticos. Asimismo, instó a la suspensión del estado de excepción y al fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección.
La organización también pidió a la sociedad civil asumir un rol activo en la defensa del Estado de derecho, a la comunidad internacional mantener vigilancia sobre la situación en el país, y a los ciudadanos hondureños ejercer su participación democrática con responsabilidad y compromiso.
