Tegucigalpa – La organización de sociedad civil Articulación Ciudadana, refutó el anuncio hecho por el canciller Enrique Reina al anunciar para julio la llegada de un grupo de expertos de la Misión Internacional Anticorrupción (CICIH).
“Me permito informar que @ONU nos ha confirmado que grupo de expertos CICIH, llegará al país a inicios de julio y mediante el intercambio de notas con @JencaMiroslav, SGA de la @ONU, hemos ampliado la vigencia del MoU hasta diciembre de 2023, para concluir negociación de convenio” anunció el canciller hondureño.
Ante el anuncio, la organización Articulación Ciudadana negó que eso ocurra y aclararon que lo llegará es una misión técnica para evaluar las condiciones legales para una eventual instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Además, advierten que si el Congreso Nacional no deroga decretos que bloquean la investigación, la CICIH no vendrá a Honduras.
“Es falso que expertos de la #CICIH vienen al país. Una misión técnica que evaluará las condiciones para que se instale o NO la #CICIH es lo que viene en Julio. Si el @Congreso_HND no deroga las leyes qué legalizan la corrupción y bloquean la investigación, la #CICIH no vendrá”, escribieron.
Igualmente, piden al gobierno rectificar la publicación que solo desinforma al pueblo hondureño.
“Deben rectificar esa publicación ya que tiende a desinformar y confundir a la población. Todavía no existen garantías para que venga la CICIH a más de año y medio de gobierno de la presidenta”, rematan en un segundo tuit.
El pasado 15 de diciembre de 2022, el Gobierno hondureño y la ONU suscribieron en Nueva York un Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para lo que sería el proceso para una eventual instalación de la CICIH, y el 26 de abril de este año las Naciones Unidas recibió la aprobación del Ejecutivo de los términos de referencia para el envío del equipo de expertos.
Mientras que el 4 de mayo, el organismo mundial anunció que acordó con Honduras el envío de un equipo de expertos que ayudará al Gobierno a preparar el establecimiento de la CICIH, un mecanismo que, recalcó la organización, sólo se pondrá en marcha si hay garantías legales.
Las garantías legales implican la derogación de los decretos: 116-2019, 57-2020 y 93-2021, así como reformas al vigente Código Penal y otras modificaciones a leyes secundarias. Nada de esto ha ocurrido porque en el Parlamento no hay consenso ni voluntad política para cumplir este requerimiento de la ONU.
