Tegucigalpa.- La empresa de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera estaría interponiendo la próxima semana una demanda contra el Estado de Honduras al considerar una falta de garantías a sus inversiones.
Jorge Colindres, representante del grupo empresarial, que cuando en 2013 el Congreso Nacional aprobó la ley orgánica de dichos espacios la legislación estableció garantías por 50 años para los inversionistas que ingresaron al régimen y hubo una ratificación con un tratado internacional con el gobierno de Kuwait.
Sin embargo, el actual Legislativo derogó por unanimidad de votos (128) la ley que le da vida las ZEDE, algo que tiene en zozobra a estos empresarios.
«El (actual) Gobierno no ha dado claridad a los inversionistas y emprendedores si va a respetar o no esta estabilidad jurídica de la que gozan y eso ha creado mucha confusión (…) francamente están ahuyentando la inversión y está afectando los programas de desarrollo», externó.
Colindres indicó que la administración del país se negó a negociar bajó un acuerdo de confidencialidad y posteriormente a un proceso de mediación, por lo que los inversionistas ven necesario acudir a una instancia arbitral internacional.
Señaló que son al menos otras 120 empresas y más de 700 personas que se registraron en el régimen ZEDE antes de su derogación.
El representante no dio más detalles de la demanda, pero según las consideraciones del ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, el monto por daños y perjuicios podría ascender a los 10 mil millones de dólares, casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.
La soberanía no se negocia
Ante el anuncio del arbitraje, la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, aseguró que la soberanía del pueblo no puede ser objeto de negociación.
«Su cuerpo de abogados (ZEDE prospera) debió haber analizado la normativa legal vigente en Honduras, con un simple análisis se hubiera podido dar cuenta que las condiciones en las que estaban concebidas eran inconstitucionales», detalló.
Con la derogación de la ley orgánica y la aprobación de una reforma constitucional para ratificar esta acción en la siguiente legislatura del Congreso «no hay ningún marco legal para que las ZEDE operen en nuestro país».
Asimismo, indicó que el Poder Ejecutivo tuvo conversaciones para que los empresarios continuarán con sus inversiones en el país pero apegados a la Carta Magna, pero esto no tuvo un resultado positivo.
«Jamás vamos a permitir ceder soberanía, que se instale un Estado dentro del Estado, que se vulnere la integridad y la forma de Gobierno en nuestro país. Tenemos asidero legal para defender a Honduras», finalizó la diputada.
Fuente: Noticias24/7
