Tegucigalpa.- Unas 41,462 hectáreas han sido afectadas a nivel nacional por los 910 incendios forestales, en las últimas semanas, informó el director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Luis Soliz.
Actualmente hay 11 quemas activas, de las cuales cinco se desatan en Francisco Morazán, departamento con mayor incidencia de incendios.
Soliz detalló que el Distrito Central es el municipio con más quemas del bosque, unos 230 incendios que han dejado como saldo 17,000 hectáreas de bosque consumidas.
Explicó que, aunque es fácil determinar el delito, lo complicado es vincular al hechor del mismo, por lo que se debe hacer un proceso investigativo que le corresponde a la Fiscalía del Medio Ambiente y a la Procuraduría General de la República (PGR).
“Hemos fortalecido estas dos instituciones para perseguir el delito ambiental, ellos están haciendo los procesos de investigación”, indicó.
Añadió que el 100 por ciento de los incendios han sido provocados por humanos y el 93 por ciento por irresponsabilidad, cometiendo un delito ambiental, por lo que exigió a la población denunciar este tipo de actos.
“Provocar un incendio forestal es un delito castigado con mayor severidad, que se paga con una pena de 8 a 10 años y de 10 a 12 cuando es un agravante, es decir, que se trate de una zona protegida”, advirtió.
El ICF informó que durante la Semana Santa 74 cuadrillas forestales se mantienen en labores de prevención y combate de incendios forestales y en el marco del Comité Nacional de Protección Forestal (Conaprofor), las brigadas ascienden a 526.
Producto del incremento de las temperaturas y la ausencia prolongada de lluvias, debido a la influencia del fenómeno El Niño, las proyecciones de la ocurrencia de incendios forestales aumentaron y a la fecha se registran 910 en lo que va del 2024, con una afectación de 41,462 hectáreas.
La institución, en el marco de las atribuciones que le confiere la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, presentó en 2023 al Conaprofor, el Plan Nacional de Protección Forestal contra Incendios y Plagas, donde todas las instituciones obligadas a salvaguardar los recursos del Estado establecen políticas de acción.
