El jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, se refirió a la decisión del Estado de declarar como asociaciones terroristas a estructuras criminales, maras y pandillas, y manifestó su expectativa de que esta medida se traduzca en acciones concretas contra estos grupos.
Sarmiento señaló que el combate a las organizaciones criminales ya había sido abordado durante la administración de Xiomara Castro, particularmente mediante la implementación del estado de excepción, mecanismo que, según sostuvo, permitió una respuesta frente a delitos como la extorsión, el sicariato y el control territorial.
El legislador también destacó la reducción de la tasa de homicidios que, de acuerdo con las cifras citadas por Proceso Digital, pasó de 38 % en 2023 a 23.2 % en 2025.
Las declaraciones se producen después de que el Congreso Nacional aprobara por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, que establece medidas específicas para personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad y vinculadas a estas estructuras.
Entre las disposiciones aprobadas se contempla un régimen especial de seguridad que incluye aislamiento individual en celdas de máxima seguridad, restricciones para el uso de dispositivos electrónicos, limitaciones de visitas y llamadas telefónicas, además de controles específicos dentro de los centros penitenciarios.
La normativa también reforma disposiciones relacionadas con la Policía Nacional y establece que esta institución deberá combatir y desarticular las asociaciones terroristas declaradas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en coordinación con la Policía Militar de Orden Público y el Instituto Nacional Penitenciario.
Durante la discusión de la ley, distintos diputados plantearon sus posiciones sobre el alcance de las nuevas medidas. El legislador nacionalista Kilvett Bertrand sostuvo que la normativa representa una política de seguridad distinta al estado de excepción, mientras que otros parlamentarios señalaron que su aprobación, por sí sola, no resolverá el problema de inseguridad y que será necesaria su aplicación efectiva.
Con la entrada en vigencia de estas disposiciones, la atención se centra ahora en las acciones que desarrollen las instituciones de seguridad para enfrentar a las estructuras criminales y en los resultados que genere la aplicación del nuevo marco legal.
