La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia hondureño y afirmó que durante las últimas cinco décadas numerosos casos de corrupción, delitos económicos y otros hechos de alto impacto han quedado en la impunidad.
Castellanos sostuvo que la justicia en Honduras ha sido “selectiva” y señaló que, independientemente de los partidos políticos o de los regímenes que han gobernado el país, determinados casos han sido investigados y judicializados mientras otros no llegan a los tribunales.
Entre los hechos que mencionó figuran casos relacionados con corrupción, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contratos presuntamente irregulares y delitos económicos que, según sus declaraciones, habrían generado importantes pérdidas para el Estado.
La exrectora también cuestionó el papel de las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos. A su criterio, en algunos casos las investigaciones se activan después de que existe presión social, pero posteriormente las resoluciones judiciales resultan, según su valoración, poco contundentes.
Asimismo, Castellanos señaló que algunas disposiciones legales y medidas sustitutivas han contribuido a que determinados acusados enfrenten procesos sin permanecer privados de libertad, y cuestionó reformas que, según afirmó, históricamente habrían favorecido a determinados sectores.
Como parte de sus planteamientos, consideró necesario fortalecer la selección y supervisión de jueces y fiscales, así como el funcionamiento de instituciones como la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas, especialmente en la verificación del patrimonio de los funcionarios públicos.
Castellanos también hizo referencia a casos de corrupción en el sistema de salud, entre ellos el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y las compras relacionadas con hospitales móviles, para cuestionar cuánto dinero ha sido recuperado por el Estado.
Finalmente, sostuvo que los casos de corrupción no deben analizarse únicamente como acciones individuales, sino como posibles estructuras o redes en las que, según su planteamiento, los recursos obtenidos se distribuyen entre diferentes actores.
