El Movimiento Liberal Nasrallista calificó como una “persecución política” la sanción de 146 millones 457 mil 720 lempiras impuesta al excandidato presidencial Salvador Nasralla por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia.
Según el pronunciamiento divulgado este jueves, el movimiento cuestiona las resoluciones SE-3039-2026 y SE-3041-2026, al considerar que buscan afectar políticamente a Nasralla y que durante el procedimiento no se le habría permitido ejercer plenamente su derecho de defensa.
La sanción está relacionada con 21 aportaciones privadas por un total de 73 millones 228 mil 860 lempiras que, de acuerdo con la UFTF, no fueron notificadas oportunamente. La entidad determinó aplicar una multa equivalente al doble de ese monto.
El movimiento sostiene que el informe financiero de la campaña de las elecciones generales de 2025 fue presentado dentro del plazo legal y que las responsabilidades sobre la administración y liquidación de los recursos estaban distribuidas entre distintas estructuras de la campaña, entre ellas la Comisión Nacional de Campaña, la Comisión de Finanzas, la Dirección de Campaña y la Administración.
Por su parte, Nasralla ha cuestionado la sanción y anunciado que su equipo legal analiza los recursos y acciones que correspondan para impugnar la resolución tanto en el ámbito nacional como internacional.
La controversia también ha generado cuestionamientos sobre el marco legal aplicado. Una revisión de LA PRENSA Verifica y EL HERALDO Verifica señala que la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización fue creada mediante el Decreto 137-2016, mientras que su reglamento fue emitido posteriormente mediante el Acuerdo 13-2017. Asimismo, ambas verificaciones señalan que la resolución de la UFTF cita directamente disposiciones de la ley, entre ellas los artículos 22 y 56.
El caso permanece sujeto a los recursos legales que presente la defensa de Nasralla y a las determinaciones que adopten las autoridades competentes.
