El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que establece nuevas medidas de seguridad y un régimen especial de reclusión para personas identificadas como integrantes de organizaciones declaradas terroristas y para privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
Entre las disposiciones aprobadas se establece que estas personas deberán permanecer en celdas individuales de máxima seguridad, bajo un régimen de aislamiento y con restricciones a la circulación dentro de los centros penitenciarios.
La normativa también limita el acceso a teléfonos celulares, computadoras, televisores, radios y otros dispositivos de comunicación no autorizados. Las llamadas telefónicas serán supervisadas y grabadas, con un máximo de 10 minutos y una llamada mensual a números previamente autorizados.
En cuanto a las visitas, los familiares podrán ingresar únicamente en casos excepcionales y con autorización judicial o del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario. Las visitas deberán realizarse sin contacto físico y queda prohibida la visita conyugal o íntima. El ingreso de abogados también estará sujeto a supervisión penitenciaria.
Asimismo, el tiempo destinado para salir al sol o utilizar el patio quedará limitado a una hora por semana, de manera individual o en grupos de hasta dos personas y bajo vigilancia. Los privados de libertad sometidos a este régimen deberán utilizar una vestimenta especial para su identificación.
Las reformas también modifican disposiciones del Código Procesal Penal. De acuerdo con lo aprobado, se eliminan las medidas sustitutivas para personas capturadas por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, quienes deberán permanecer en prisión preventiva en centros de máxima seguridad mientras se desarrolla su proceso judicial. También se contempla la creación de jueces especializados para conocer estos casos.
La nueva legislación forma parte de una estrategia más amplia de seguridad que incluye mayores facultades y coordinación entre la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y el sistema penitenciario para combatir y desarticular estructuras criminales.
El decreto deberá ser publicado en La Gaceta para su entrada en vigencia, mientras que el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 30 días para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.
