La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de apelación contra el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, mediante el cual solicita que la resolución sea revocada y que se dicte auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y lavado de activos.
La institución informó que el recurso fue presentado dentro del plazo establecido por la ley y será conocido por la Corte de Apelaciones designada para este caso.
Según la PGR, el proceso debe continuar debido a la existencia de elementos que, a su criterio, requieren una investigación judicial sobre la presunta sustracción de 288 millones 16 mil 175 lempiras del erario público durante el período comprendido entre 2010 y 2014.
De acuerdo con el comunicado del procurador general, Dagoberto Aspra, los recursos estaban destinados originalmente a proyectos de reducción de la pobreza, generación de empleo y emprendimiento en 80 comunidades del país.
La Procuraduría también señaló que pericias financieras y transaccionales realizadas por el Ministerio Público determinaron que al menos 62 millones 26 mil 784.44 lempiras habrían sido utilizados en actividades vinculadas con la campaña política de Hernández.
PGR cuestiona exclusión de medios de prueba
Uno de los principales argumentos de la apelación está relacionado con la exclusión de pruebas presentadas por la acusación.
La PGR sostiene que, de los 38 elementos documentales propuestos, el juez inadmitió 22, equivalentes aproximadamente al 58 %, además de excluir la totalidad de la prueba evidencial.
La institución cuestionó que posteriormente se señalara una presunta insuficiencia de pruebas para establecer el destino de los fondos y el supuesto beneficio obtenido por el imputado.
Asimismo, la Procuraduría objetó la exclusión de 80 constancias correspondientes a las comunidades que, según la acusación, debieron recibir los recursos. A criterio de la institución, estos documentos podían contribuir a determinar el supuesto perjuicio ocasionado al patrimonio estatal y el destino de los fondos.
Cuestionan liberación de testigo principal
Otro de los aspectos incluidos en el recurso es la liberación de Fernando Suárez, señalado por la PGR como un testigo relevante dentro del proceso.
Según la institución, el 12 de agosto, cuando el Ministerio Público presentó sus medios de prueba, Suárez permanecía recluido bajo medidas de seguridad. Sin embargo, ese mismo día un juez de ejecución ordenó su libertad sin audiencia ni notificación a las partes, de acuerdo con la versión de la Procuraduría.
La PGR considera que Suárez era un testigo importante debido a que habría administrado las fundaciones que recibieron los fondos investigados. Además, sostiene que, en una declaración previa realizada al acogerse a una sentencia de conformidad, habría proporcionado información sobre operaciones relacionadas con el supuesto desvío de recursos.
Con la apelación, la Procuraduría busca que el sobreseimiento definitivo sea revisado por el tribunal de alzada y que el proceso continúe en los tribunales.
La institución reiteró su respeto al Poder Judicial y al debido proceso y aseguró que continuará utilizando los recursos legales disponibles para procurar el resarcimiento del supuesto daño ocasionado al patrimonio del Estado.
