El Gobierno de Honduras, a través de la designada presidencial María Antonieta Mejía, señaló que se debe establecer la responsabilidad correspondiente en el caso de un menor de edad que habría sido vulnerado y rapado por los creadores de contenido conocidos como “Soy Rosel” y “Urías Lobo”, presuntamente a cambio de 500 lempiras.
El hecho generó fuertes críticas en redes sociales y abrió un amplio debate sobre los límites del contenido digital, especialmente cuando involucra a niños y adolescentes y puede afectar su dignidad, integridad y derechos fundamentales.
Mejía, quien además es titular del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah), informó que solicitó la activación de la ruta correspondiente para identificar al menor, conocer su entorno familiar y garantizar la restitución de sus derechos.
La funcionaria enfatizó en la necesidad de que las instituciones competentes actúen para determinar lo ocurrido y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación hondureña.
Por su parte, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Isabela Bustillo, condenó cualquier acción que pueda vulnerar los derechos de los menores y sostuvo que la imagen y dignidad de un niño no pueden convertirse en mercancía ni estar sujetas a un precio.
Bustillo remarcó que ningún beneficio económico debe prevalecer sobre la integridad, el bienestar y los derechos fundamentales de la niñez.
Asimismo, señaló que desde la Corte Suprema de Justicia existe un compromiso de trabajar de manera integral y complementaria con los demás poderes e instituciones del Estado para fortalecer la protección de los menores y garantizar el respeto de sus derechos.
El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de reforzar la protección de niños y adolescentes frente a contenidos difundidos en plataformas digitales, así como la responsabilidad de los creadores de contenido al momento de involucrar a menores en sus publicaciones.
