El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, afirmó que la aplicación del juicio político en el país no responde a una venganza, sino a la necesidad de establecer un precedente que garantice la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
El titular del Legislativo reiteró que para la ejecución de esta figura jurídica se requieren 86 votos, y que, de alcanzarse ese respaldo, su aplicación sería prácticamente inevitable.
“Esto no es venganza ni persecución, sino establecer un precedente y garantizar que nadie abuse de su cargo y quede impune”, manifestó.
Las declaraciones se producen en medio de un clima de tensión política, luego de que el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, advirtiera sobre un supuesto intento de destitución del consejero electoral Marlon Ochoa, señalando la participación del Partido Nacional de Honduras con apoyo de sectores liberales.
Según Zelaya, dichas acciones formarían parte de una estrategia para remover a un actor clave en la supervisión del proceso electoral, lo que, a su juicio, pondría en riesgo la transparencia democrática.
En respuesta, Zambrano rechazó estos señalamientos y pidió al exmandatario “dejar gobernar”, asegurando que la actual administración, encabezada por el presidente Nasry Asfura, trabaja en resolver problemas heredados.
El presidente del Congreso insistió en que el juicio político es un mecanismo legítimo para sancionar a quienes, según afirmó, atentaron o boicotearon procesos institucionales, subrayando la importancia de evitar la impunidad.
El debate sobre la posible aplicación de esta figura continúa en el ámbito político, mientras se espera si el Legislativo logra los votos necesarios para su eventual implementación.
