La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, manifestó que el Congreso Nacional debe evaluar la posibilidad de aplicar un juicio político sin responder a intereses o cálculos partidarios, sino basándose en la ley y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Castellanos señaló que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de analizar las actuaciones de funcionarios públicos durante el proceso electoral, con el objetivo de determinar si estas ameritan la aplicación de mecanismos constitucionales de control.
En ese sentido, subrayó que cualquier decisión debe sustentarse en criterios jurídicos y no en conveniencias políticas, ya que lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y el respeto al Estado de derecho.
La titular del CNA también advirtió que el país necesita acciones firmes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, especialmente en momentos clave para la democracia hondureña.
