La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que el proceso de juicio político que se discute en el Congreso Nacional no debe limitarse a un solo funcionario, sino que debe extenderse al fiscal general de la República y a otros altos funcionarios del Estado.
Castellanos señaló que existen serias deficiencias en el actuar del Ministerio Público, particularmente en lo relacionado con la investigación y judicialización de casos de corrupción, pese a que el CNA ha remitido numerosas líneas de investigación para su seguimiento.
A su criterio, la falta de resultados concretos amerita una revisión profunda del desempeño de las autoridades responsables de la persecución penal.
La titular del CNA indicó que el juicio político es un mecanismo constitucional legítimo que debe aplicarse cuando los funcionarios incumplen sus funciones o fallan en garantizar la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, sostuvo que otros funcionarios también deberían ser evaluados si se comprueba que han incurrido en negligencia, omisión o abuso de poder, subrayando que la lucha contra la corrupción requiere acciones firmes y coherentes por parte de todas las instituciones del Estado.
Finalmente, Castellanos reiteró el llamado a los diputados del Congreso Nacional para que actúen con responsabilidad e independencia, priorizando el interés público y el fortalecimiento del Estado de derecho, en un contexto de creciente demanda ciudadana por justicia y transparencia.
