Tegucigalpa.- Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenaron en las últimas horas otorgar la libertad al expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, mientras la justicia define la apelación que presentó la defensa del exmandatario contra esa decisión de primera instancia.
Así las cosas, los magistrados resolvieron «dejar sin efecto el numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia. En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante», acorde con el documento oficial.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria dictada en su contra en primera instancia. Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana argumentaron en el documento de 904 páginas que el fallo tuvo motivaciones políticas y violó garantías procesales, por lo que solicitaron al tribunal revocar parcialmente la sentencia y absolver al exmandatario de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Uribe, líder y fundador del partido Centro Democrático, fue condenado el pasado 1º de agosto por la jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. Se convirtió así en el primer expresidente colombiano en recibir una condena penal. Aunque fue absuelto del delito de soborno simple, se le impuso arresto domiciliario por doce años tras ser hallado culpable de pagar en 2018, mediante su abogado Diego Cadena, a exparamilitares encarcelados para que no lo vincularan con el paramilitarismo de derecha durante el conflicto armado.
La defensa, que ya había anticipado su intención de apelar, insistió en que «por justicia», el fallo debe ser revocado y se debe restituir la libertad de Uribe. Además, señalaron que mientras no haya una sentencia definitiva, no debería estar bajo detención, como lo ordenó la primera instancia.
En su apelación, los abogados sostienen que la jueza Heredia utilizó un lenguaje con connotaciones políticas durante la lectura de la sentencia, lo cual, según ellos, compromete su imparcialidad. Alegan que la decisión judicial podría responder a una instrumentalización política del sistema judicial. También afirman que no existen pruebas claras y directas que demuestren que Uribe haya inducido o instigado los hechos por los que fue condenado.
