Tegucigalpa.- Honduras debe resolver el problema de tierras y desmilitarizar el Bajo Aguán, una zona en el Caribe del país, para resolver el conflicto agrario en el que han muerto más de 200 personas en los últimos años, según un informe presentado este jueves en Tegucigalpa.
La principal causa de la violencia en el Bajo Aguán es la «legalidad de las propiedades en disputa», destaca el informe titulado «Conflicto agrario en el Aguán: causas estructurales, características de la disputa social y un nuevo enfoque para una salida democrática».
El Estudio presentado por el Centro de Estudio para la Democracia de Honduras (Cespad), indica que el conflicto tiene como epicentro «un masivo movimiento agrario y un poderoso grupo de agroexportadores de palma africana, con históricos vínculos con el poder del Estado».
Estrategia de guerra estatal
En los últimos 12 años, añade el documento, el Estado ha puesto a disposición de los palmeros «sus principales órganos de represión», como la Policía, el Ejército y los tribunales de justicia, que han desarrollado una «estrategia de guerra» para desarticular el movimiento agrario.
«El patrón de la guerra estatal contra el movimiento social agrario en el Bajo Aguán ha incluido un marco jurídico habilitante para la contención de la lucha social, la estigmatización del liderazgo social, la militarización ‘estatal y paraestatal’ e infracción de los derechos humanos», señala el documento.
En esa zona del departamento caribeño de Colón se han venido suscitando desde hace varios años enfrentamientos armados entre campesinos y guardias de seguridad de fincas de palma africana propiedad de empresarios.
La militarización del Bajo Aguán «se mantiene», pero su acción «represiva ha sido neutralizada» por el Gobierno, por lo que es necesario implementar una «estrategia de desmilitarización y habilitación de un ambiente de respeto de las libertades democráticas básicas y los derechos humanos», enfatiza el organismo hondureño.
Pocos avances para solucionar conflicto
El secretario de la Plataforma Agraria, Raúl Ramírez, dijo a EFE que en el Bajo Aguán han sido asesinadas en los últimos años más de 200 personas, en su mayoría campesinos, aunque también han caído guardias privados de fincas, abogados, militares y policías.
El conflicto es un «problema estructural» que debe solucionar el Gobierno, enfatizó Ramírez, quien indicó que la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra creada en junio pasado, no ha logrado resolver hasta el momento el problema.
Ramírez pidió a la Comisión «investigar el despojo de tierras» a campesinos y lamentó que hasta ahora «no ha habido ningún Gobierno que se interese políticamente por buscar una solución» al conflicto.
Después de 12 años, el conflicto «continúa abierto» y su complejidad «es mayor, sin ningún avance hacia una solución duradera», destaca el Cespad.
«Es claro que la única estrategia válida para su gestión es la negociación y la construcción de un acuerdo integral entre los principales actores involucrados en el conflicto que aborde el problema en sus diferentes aristas», añadió.
El director del Cespad, Gustavo Irías, dijo que el conflicto en el Bajo Aguán es el «más largo y violento» de la historia de Honduras.
Señaló que en 2022, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) firmaron un convenio con el Gobierno para garantizar su derecho a la recuperación de la tierra y buscar una solución definitiva al conflicto agrario.
Sin embargo, hasta ahora los avances han sido “pocos”, pero Irías cree que el cumplimiento del acuerdo es “el único camino viable” para solucionar el conflicto.
Irías instó al Gobierno a “resolver la alta impunidad, asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” en el Bajo Aguán. EFE
