El sector transporte en Honduras alzó la voz este jueves ante la falta de resultados del estado de excepción vigente en el país. El dirigente Wilmer Cálix denunció que, en lo que va del año, se han registrado 28 asesinatos de transportistas y se han pagado alrededor de 250 millones de lempiras en extorsión a bandas criminales.
Cálix expresó su frustración por la falta de seguridad, señalando que las medidas implementadas por el gobierno no han tenido el impacto esperado. Aseguró que la violencia sigue siendo una amenaza constante para quienes trabajan en este rubro, y lamentó que a pocos meses de finalizar el actual gobierno no se hayan logrado avances concretos.
La denuncia pone en evidencia la situación crítica que atraviesa el gremio, que continúa operando bajo amenazas, pagos forzados y pérdidas humanas, pese a las promesas oficiales de combate al crimen.
Actualmente, rige la vigésima segunda prórroga del estado de excepción bajo el Decreto Ejecutivo PCM 22-2025, en vigor desde el 3 de julio hasta el 16 de agosto. Aunque el gobierno asegura que ha habido una reducción del 17 % en la tasa de homicidios, organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advierten un incremento en los casos de extorsión, los cuales afectan a más de 300 mil hogares hondureños.
Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha recibido más de 800 denuncias de abusos durante la vigencia del decreto, incluyendo allanamientos arbitrarios y detenciones sin orden judicial. De las 22 prórrogas, solo una ha sido ratificada conforme a la Constitución.
