Sala de lo Constitucional oderna a juez que admita audio y vídeo desestimados en el caso Arca Abierta

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Tegucigalpa.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), otorgó este viernes la garantía de amparo a favor del Ministerio Público en el caso Arca Abierta.

El director de la unidad de comunicaciones de la CSJ, Melvin Duarte, informó que el recurso de amparo otorgado está relacionado a la admisión de dos medios probatorios que consiste en un audio y vídeo.

Recordó que al inicio estos medios de prueba fueron denegados por el juez natural designado por considerarlos “inútiles y no confiables”, no obstante, el ente acusador del Estado interpuso un primer recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional para su admisión.

En ese orden, la Sala de lo Constitucional falló a favor de la Fiscalía para que el audio y vídeo fueran admitidos en la audiencia inicial.

Sin embargo, Duarte manifestó que el juez designado siguió con su postura que las dos pruebas eran inútiles y no confiables para un proceso judicial.

El vocero del Poder Judicial señaló que el ente acusador del Estado volvió a interponer un segundo recurso de amparo ante la no admisión de los dos medios de pruebas, y este viernes, la Sala de lo Constitucional concluyó que el proceso fue violentado ante la negación del juez.

“En su resolución se otorga el amparo que ha sido presentado por la Fiscalía y se manda que el juez natural proceda a admitir y a notificar a las partes procesales la admisión de dos medios probatorios”, dijo Duarte.

Añadió que estos dos medios probatorios serán evacuados en el momento procesal que le corresponde.

El caso Arca Abierta es una investigación del ente acusador del Estado que implica a funcionarios y exfuncionarios en malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado.

Los imputados

El parlamentario Óscar Álvarez fue el único que fue librado de responsabilidades tras la celebración de la audiencia.

El auto de formal procesamiento incluyó a Gustavo Alberto Pérez Cruz, Milton Puerto Oseguera, Welsy Milena Vásquez, Gladys Aurora López, Fabricio Puerto Oseguera y José Alejandro Flores, todos por el delito de malversación de caudales públicos.

Asimismo, auto de formal procesamiento para Yovani Castellanos Deras, Gregorio Alberto González y Allan Aroni San Martín por el delito de fraude en perjuicio del Estado de Honduras.

Entre tanto, la medida de sobreseimiento provisional para Audelia Rodríguez, Hernán Enrique Vindel, Juan Carlos Valenzuela Molina, Iveth Salomé Navas Suazo, Carlos Humberto Bonilla y Óscar Álvarez, que fueron acusados por malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, sin el perjuicio de cualquier nueva actividad probatoria dentro del plazo fijado por la ley.

Y finalmente se decretó sobreseimiento definitivo a favor de Ana Lucía Castro, Arnold Gustavo Castro, Estela Lizeth Muñoz Hernández, Yajaira Lisbeth Talbot Villatoro e Indira Osorio Reyes, señalados inicialmente por malversación de caudales públicos.

Para el exdiputado Edwin Pavón se ratificó el sobreseimiento definitivo en vista que falleció en diciembre pasado.