La solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, para que las Fuerzas Armadas reciban copias de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial ha desatado una fuerte controversia en el país.
Diversos sectores calificaron la medida como inconstitucional y contraria al carácter apolítico de la institución castrense, establecido en la Constitución de la República.
El abogado y catedrático Octavio Pineda fue uno de los más contundentes en su crítica, calificando la propuesta como “delictiva, abusiva, ilegal, inconstitucional y un delito de traición a la patria”.
Por su parte, el dirigente liberal Eduardo Martell advirtió al general Hernández que podría enfrentar consecuencias judiciales en el futuro y llamó al pueblo hondureño a defender el voto y el triunfo electoral ante cualquier intento de injerencia militar en el proceso democrático.
La iniciativa, que según Hernández busca garantizar la transparencia en los comicios, ha generado preocupación por el posible uso político de las Fuerzas Armadas en un contexto electoral altamente sensible.
