Tegucigalpa.- Cerca de 70 organizaciones solicitaron este viernes al poder Judicial que resuelva el recurso de amparo presentado por la organización que fundó la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, previo al inicio del juicio en un caso de otorgamiento de la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que ella se oponía.
En una rueda de prensa virtual, Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista asesinada, dijo que 69 organizaciones nacionales e internacionales solicitan, en una carta entregada al poder Judicial, que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sea aceptado «como víctima» en el caso denominado «Fraude sobre el Gualcarque».
Las organizaciones firmantes, entre las que figura la Asociación Entre pueblos-España, indican que la norma hondureña establece el derecho de las sociedades civiles a ser reconocidas como víctimas, por lo que solicitan a la Sala Constitucional «resolver de manera expedita y en el marco de la legalidad» el amparo presentado por el COPINH antes de que comience el juicio de este caso de corruptela.
En 2019 fueron acusadas 16 personas, entre ellas el exviceministro hondureño de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona y el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, como parte del caso de corrupción.
Estas personas son acusadas por el delito de «corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias» para desarrollar el proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, agregó Zúñiga.
COPINH EXCLUIDO DE CASO
El juicio se iniciará el 17 de agosto y la no resolución del recurso de amparo del COPINH significa «la pérdida del derecho» a que la organización sea incluida en el proceso y, además, «pondría en duda el funcionamiento de la acción de amparo como garantía de derechos», añaden.
Zúñiga señaló que el COPINH interpuso en noviembre de 2019 un recurso de amparo «para la protección constitucional de los derechos a la Justicia, el debido proceso y derechos fundamentales de los pueblos indígenas contemplados en instrumentos internacionales».
Agregó que el amparo fue presentado por el COPINH luego de que la de Corte de Apelaciones decidió en agosto de 2019 «excluirle como víctima» del caso de irregularidades en el proyecto hidroeléctrico conocido como Agua Zarca, en el occidente del país, al que se oponía Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de la ciudad de La Esperanza.
La empresa Desarrollos Energéticos (DESA) impulsaba la construcción en territorio de la etnia Lenca de Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medioambiente.
ACCIONES VIOLENTAS
La comunidad lenca de Río Blanco y el COPINH han denunciado que «los actos de corrupción con los que se autorizaban los permisos y licencias» para el proyecto Agua Zarca fueron «origen de una serie de acciones de violencia estatal y no estatal» en la última década, afirmó Zúñiga.
Entre esas violaciones se destacan la vulneración del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas «amenazas de muerte, ataques armados, asesinatos, incluyendo los de Tomas García y Berta Cáceres», añadió.
El hondureño Roberto David Castillo, un ejecutivo de DESA, fue declarado culpable el 5 de junio por el Tribunal de Sentencia como coautor del asesinato de la ambientalista, crimen por el que su familia y el Ministerio Público solicitó el martes la pena máxima de cárcel, 25 años. EFE
