Tegucigalpa.- El Parlamento de Honduras cierra 2023 sin celebrar sesiones durante los últimos cuatro meses debido a la falta de consensos entre las bancadas del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) y las tres principales fuerzas de oposición para elegir a los nuevos fiscales general y adjunto.
La crisis en el Poder Legislativo del país centroamericano impidió dar trámite a asuntos importantes como el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 2024, que debía ser aprobado a más tardar el 31 de diciembre.
Fiscales interinos electos por nueve diputados
Para algunos analistas, la falta de consenso para elegir al fiscal general y el fiscal adjunto, con una mayoría calificada de 86 votos, de los 128 diputados que integran el Parlamento, ha evidenciado nuevamente los intereses y ambiciones desmedidas de la clase política hondureña.
Diputados opositores acusan a la bancada de Libre, que solo tiene 50 de los 128, de querer controlar también el Ministerio Público, a lo que los oficialistas han respondido que la oposición quiere imponer fiscales a su medida para evitar que sean investigados por presuntos actos de corrupción.
Los nuevos fiscales general y adjunto debían asumir el 1 de septiembre, lo que no fue posible por la falta de consensos entre la bancada de Libre y las tres principales fuerzas de la oposición: los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras.
No obstante, en una jugada del presidente del Parlamento, Luis Redondo, el 1 de noviembre se creó una Comisión Permanente, integrada por nueve diputados de Libre, que eligió a Johel Zelaya, como nuevo fiscal general, y a Mario Morazán, en calidad de fiscal adjunto, ambos de manera interina, lo que derivó en un zafarrancho en las afueras del Poder Legislativo que dejó varios lesionados.
Ese mismo día, el denominado Bloque Opositor Ciudadano (BOC), creado en agosto con las principales fuerzas de oposición, que suman unos 72 diputados, y organizaciones de la sociedad civil, se autoconvocó para celebrar sesiones ordinarias del Parlamento y no reconoció a los fiscales electos de manera interina, ni a la Comisión Permanente que creó Redondo.
Además, los diputados del BOC no han atendido las convocatorias a sesiones que ha hecho la Comisión Permanente, aduciendo que a quien le corresponde convocar es a Luis Redondo, como presidente del Parlamento.
Un Parlamento «antidemocrático»
Se espera que en enero, cuando se cumplirán dos años del presente Gobierno, que preside Xiomara Castro, y también se debe elegir a la nueva junta directiva del Parlamento, Redondo convoque a sesiones ordinarias y que la normalidad vuelva al Legislativo, que ha sido blanco de múltiples críticas por parte de diversos sectores sociales del país, porque los diputados no han trabajado durante cuatro meses, pero sí han devengado salario.
El viernes, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, acusó al Parlamento de ser «antidemocrático», algo «no visto en la historia de Honduras».
«Imaginémonos cuánto daño ha hecho el Congreso Nacional a este país, deteniendo, paralizando temas tan importantes que se deben de legislar», enfatizó Castellanos, quien además considera que lo que ocurre en el Parlamento hace de Honduras un país «caótico» por la incapacidad de sus diputados para llegar a consensos.
Los problemas en el Parlamento hondureño también han demorado la aprobación de reformas de algunas leyes como requisito para que en el país se pueda instalar un comisión contra la corrupción y la impunidad, con el respaldo de las Naciones Unidas.
En opinión de la directora del CNA, la lucha contra la corrupción en Honduras «no está en la agenda del presente Gobierno, como tampoco lo estuvo en la agenda del Gobierno anterior (2014-2022 al frente de Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio en EE.UU. por narcotráfico), de hecho un Gobierno altamente corrupto».
La llegada al país de una comisión contra la corrupción y la impunidad, con el apoyo de las Naciones Unidas, es una de las promesas de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, hecha a sus compatriotas.
Tras dos años de la presente Administración, «nos han quedado a deber, con tres poderes del Estado distanciados de las necesidades ciudadanas. La vara estaba demasiada baja, y aun así, les ha quedado demasiado grande», enfatizó Castellanos. EFE
