El Ministerio Público (MP) ejecutó este miércoles el aseguramiento de la empresa “Koriun Inversiones” y de varios bienes vinculados a sus representantes legales, tras evidenciar que operaban mediante un esquema Ponzi, considerado una amenaza para la estabilidad financiera nacional.
La investigación inició luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitiera un informe que advertía sobre captación irregular de dinero por parte de dicha empresa. Inspecciones realizadas a inicios de 2025 confirmaron la falta de documentación legal que justificara el manejo y destino de los recursos captados.
Según los hallazgos, “Koriun Inversiones” ofrecía rendimientos semanales del 5 %, lo que equivalía a un 20 % mensual, prometiendo a los inversionistas recuperar su capital en cinco meses. La empresa utilizó una agresiva estrategia de promoción en redes sociales, especialmente en TikTok, para captar miles de personas.
Durante 2024, la firma reportó ingresos superiores a los 86.9 millones de lempiras provenientes de más de 35,000 inversionistas. No obstante, no contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
En la acción legal, el MP también aseguró cuentas bancarias, vehículos y propiedades en San Pedro Sula y Choloma. Las autoridades señalaron que la empresa tenía presencia en al menos siete departamentos del país y se encontraba en proceso de desmantelamiento, lo que hacía sospechar un posible intento de fuga por parte de sus administradores.
El esquema Ponzi es una modalidad de estafa en la que los retornos prometidos se pagan con el dinero de nuevos inversionistas, sin generar ganancias reales, lo que lo convierte en una estructura insostenible y altamente perjudicial para quienes participan.
La operación fue dirigida por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con el respaldo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Información Estratégica C2. Las investigaciones continúan para determinar la totalidad de los daños y responsabilidades penales.
