Tegucigalpa – En un giro inesperado, el expresidente interino Roberto Micheletti Bain, figura central del golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, salió del país ante el temor de una posible acción judicial en su contra. A sus 81 años, el exmandatario denunció lo que considera una persecución política por parte del actual gobierno y advirtió que no permitirá ser humillado como su antiguo aliado, el general Romeo Vásquez Velásquez.
En declaraciones ofrecidas al medio ICN, Micheletti fue tajante:
“Hay un plan para lanzarme un requerimiento fiscal. Quieren hacer conmigo lo que ya hicieron con Romeo Vásquez, pero no les daré ese espectáculo ni al ‘familión’ presidencial ni al fiscal Johel Zelaya”.
Aunque no reveló su paradero ni la fecha exacta de su salida, sus palabras alimentan la incertidumbre sobre una posible investigación judicial en su contra relacionada con los sucesos del 28 de junio de 2009, cuando Zelaya fue capturado y expulsado del país por las Fuerzas Armadas, en una operación que desencadenó una crisis institucional sin precedentes en Honduras.
El caso Romeo Vásquez, un precedente reciente
Micheletti hace referencia al caso del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto, capturado a inicios de este año por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Isy Obed Murillo, durante una protesta en las cercanías del aeropuerto Toncontín, tras el golpe de 2009.
Aunque inicialmente se le otorgaron medidas sustitutivas, estas fueron revocadas por riesgo de fuga. Al ordenarse su recaptura, Vásquez ya se había dado a la fuga, y actualmente permanece prófugo, con una orden de captura internacional y recompensa incluida.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha confirmado si existe una investigación formal contra Micheletti, pero su salida repentina y el contexto político actual han reactivado el debate sobre la posibilidad de procesar a los responsables del golpe de Estado de 2009.
El actual gobierno, liderado por la presidenta Xiomara Castro y fuertemente influenciado por el expresidente Manuel Zelaya, ha sido criticado por sectores de oposición que consideran que estos procesos tienen un componente de vendetta política. No obstante, organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas ven en este momento una oportunidad histórica para hacer justicia.
Micheletti, por su parte, se presentó como un perseguido político:
“No me dejaré convertir en trofeo de nadie”, concluyó en su mensaje.
